Enfrentan desafíos por delincuencia

Puebla.- Puebla, erigida como una de las entidades con más presencia de la industria automotriz y de autopartes, metalmecánica, química, plásticos y textil, es acechada por el robo al transporte de carga y el robo de combustibles.

Tan sólo en 2023, los transportistas que pasaron por esa entidad sufrieron un total de 2 mil 589 robos, de los cuales 2 mil 533 se ejecutaron con violencia.

En el caso del huachicoleo, el tema es atendido directamente por el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. El año pasado, las tomas furtivas de combustibles tuvieron un incremento del 42.4 por ciento respecto a 2022, al haberse dictado 503 puntos de ordeña, según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

​Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que entre 2018 y 2023 el narcomenudeo incrementó en 680 por ciento, al pasar de 253 denuncias a mil 984.

Mientras que los asesinatos disminuyeron casi 23 por ciento en el mismo periodo, mil 105 casos a 852.

Al respecto, Tadeo Luna, coordinador del Laboratorio para la Paz de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, indicó que a pesar de esta disminución ha aumentado la saña con que se cometen los delitos.

“Hablamos de que ha aumentado el número de masacres, el número de ejecuciones, de enfrentamientos de la delincuencia organizada con corporaciones de seguridad, aunque hayan disminuido los homicidios”, argumentó.

“La realidad es que la mayoría de los ciudadanos, de los que vivimos en Puebla seguimos creyendo que la inseguridad sigue siendo la principal causa de preocupación y 6 de cada 10 personas que viven en el estado, de acuerdo con datos de Inegi, siguen creyendo que hay inseguridad y riesgo”.

Puebla se prepara para un proceso electoral que definirá una vez más el futuro político, luego de tener en los últimos seis años seis titulares del Poder Ejecutivo estatal, que han ocupado el cargo con las figuras de gobernador constitucional, interino, sustituto y encargado de despacho.

Con un padrón electoral que supera los 5 millones de votantes, Puebla, entidad que ya conoce la alternancia. La trágica muerte de la gobernadora panista Martha Érika Alonso y de su esposo en un accidente de helicóptero en 2018, seguido de la muerte del Gobernador de Morena Miguel Barbosa Huerta en 2022, que asumió el cargo tras unas elecciones extraordinarias, se convierten en un preámbulo para definir el actual panorama político de la entidad.

En las elecciones de este año, Puebla se encuentra nuevamente en un punto de inflexión político. Ahora con tres candidatos, los que buscan alzarse con la gubernatura del estado, cada uno de ellos con su propia visión y plataforma política, pero con largos y afilados colmillos.

​Con el lema de “corregir el rumbo”, se perfila Eduardo Rivera Pérez, respaldado por una alianza conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Pacto Social de Integración (PSI).

Se trata de un político experimentado con una larga trayectoria en Puebla, a quien se le identifica con el ala conservadora del panismo y ha sido renuente a tocar temas como la interrupción legal del embarazo.

Alejandro Armenta Mier, de la coalición Juntos Haremos Historia, no solo deberá enfrentar al panismo, sino también tendrá que quitarse su pasado priista estrechamente ligado al exgobernador Mario Marín, hoy preso en la cárcel de El Altiplano.

Aunque en 2017, Alejandro Armenta fue expulsado oficialmente del PRI, su estructura y su carrera quedaron ligados al popular ‘gober precioso’, con quien trabajó como secretario de Desarrollo Social, y al partido, que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, le otorgó una diputación federal y posteriormente lo convirtió en director del Registro Nacional de Población (Renapo).

El tercer candidato en la boleta poblana es el de la llamada “nueva política”: Fernando Morales Martínez, quien fuera dirigente del PRI en Puebla, diputado federal, dirigente de jóvenes, y hoy es el candidato de Movimiento Ciudadano.

Su salida del tricolor se remite a la administración de Moreno Valle, cuando en 2015 se incorporó al gabinete como subsecretario de Desarrollo político y participación ciudadana, motivo que le costó la expulsión del partido.

En 2017 se sumó a Movimiento Ciudadano y en 2021 llegó al congreso local, ahora arropado por su padre, el ex gobernador (1999-2005) Melquiades Morales Flores.