Senado dice adiós a pensiones doradas
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó con 115 votos a favor y seis abstenciones una reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum con la que se busca poner fin a las llamadas “pensiones doradas”, es decir, los elevados ingresos que reciben algunos ex funcionarios y ex directivos de empresas del Estado y organismos públicos.
La iniciativa, que ahora fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y votación, plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer que ninguna pensión en el país podrá superar la mitad del salario mensual de la persona titular del Poder Ejecutivo federal, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos al mes.
La reforma contempla excepciones para integrantes de las Fuerzas Armadas y algunos casos específicos permitidos por la ley. De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, esta medida podría generar ahorros cercanos a los 5 mil millones de pesos anuales.
Durante la discusión en el pleno, legisladores de distintas fuerzas políticas respaldaron la propuesta; sin embargo, representantes de la oposición expresaron inquietudes sobre el posible efecto retroactivo de la reforma y el hecho de que algunos sectores, como el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, queden fuera de la limitación.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que actualmente existen casos de jubilaciones con montos excesivos financiados con recursos públicos, incluso superiores al millón de pesos mensuales, como ocurrió con algunos trabajadores de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, explicó que la iniciativa busca garantizar que ningún servidor público reciba ingresos mayores a los de la Presidencia, incluyendo jubilaciones y pensiones de personal de confianza de empresas públicas y organismos descentralizados en los tres niveles de gobierno.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, adelantó su voto a favor del dictamen al considerar que ayudará a limitar pensiones excesivas; no obstante, cuestionó por qué ciertos sectores quedaron fuera de la medida.
De acuerdo con datos oficiales, entre tres mil 404 y cinco mil 600 ex funcionarios y directivos de empresas estatales reciben pensiones superiores al salario presidencial. En algunos casos, los montos van desde los 100 mil hasta más de un millón de pesos mensuales.
Entre las instituciones donde se concentran estas pensiones destacan Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, además de organismos financieros públicos como Nacional Financiera y Banobras.
Con esta reforma, el gobierno busca ordenar el sistema de jubilaciones financiadas con recursos públicos, evitando pensiones consideradas desproporcionadas y garantizando al mismo tiempo un retiro digno para los trabajadores.