
Chihuahua, Chih.- Juan Carlos Mendoza, abogado de César Duarte Jáquez, afirmó que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, recibe información equivocada respecto al caso del exgobernador de Chihuahua, detenido el lunes por elementos de la Guardia Nacional y trasladado al penal del Altiplano.
El defensor explicó que la carpeta de investigación en contra de Duarte suma 88 tomos y más de 360 anexos, y cuestionó la legalidad de la detención. Argumentó que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos impide procesar a una persona extraditada por delitos distintos a los que motivaron su entrega.
En entrevista con Azucena Uresti, Mendoza sostuvo que no existía razón jurídica para detenerlo y que el Estado no puede ejercer acción penal en estas condiciones.

Aunque Godoy aseguró que el año pasado se solicitó y obtuvo autorización del Gobierno estadounidense —el 4 de diciembre— para proceder contra Duarte por delitos adicionales a peculado y asociación delictuosa, el abogado rechazó ese planteamiento. Según dijo, la excepción contenida en la regla de especialidad solo aplica cuando se pretende extraditar al acusado a un tercer país, no para juzgarlo por nuevas imputaciones en México.
Mendoza también señaló que los hechos por los que se le acusa ya están siendo analizados en Chihuahua dentro de la carpeta 3041 y que incluso su cliente fue absuelto en un procedimiento administrativo relacionado. Enfatizó que existe coincidencia de hechos, personas, montos y cuentas, por lo que considera que se trata de un “triple enjuiciamiento”.
Sobre los montos involucrados, la FGR sostiene que Duarte participó en un esquema de lavado de dinero para ocultar recursos ilícitos desviados del erario, mencionando incluso cifras que alcanzan mil millones de pesos. El abogado sostuvo que esta cifra es falsa y que el caso se refiere a los mismos 96 millones de pesos que ya se analizan en Chihuahua y que fueron materia de la extradición autorizada por una jueza en Washington. “Esa cifra nada tiene que ver con el caso”, remarcó.
Mendoza también habló de un trasfondo político y acusó una red de relaciones entre actores involucrados en el caso, como Ernestina Godoy, el fiscal especializado Ulises Lara y el senador Javier Corral, ahora militante de Morena y presidente de la Comisión de Justicia. Dijo que estas conexiones muestran un contexto político detrás del proceso.

Asimismo, señaló a Corral como alguien que actúa motivado por rencores y recordó un episodio en el que Ulises Lara intervino cuando existía una orden de aprehensión contra el exgobernador panista, al acudir a un restaurante en la colonia Roma para asistirlo. Según Mendoza, ese antecedente muestra la cercanía entre ambos y ahora Corral cuenta con fuero como senador de Morena.