Extraditados enfrentan posibles cadenas perpetuas

2026-01-21 18:59:35   628 Visitas


Estados Unidos.- La mayoría de las personas privadas de la libertad que el gobierno de México entregó a Estados Unidos el martes 20 de enero podrían enfrentar sentencias de cadena perpetua si son declaradas culpables de los delitos que se les imputan en distintas cortes federales, principalmente por narcotráfico y delincuencia organizada.

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Según el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), de los 37 reos trasladados, 30 podrían recibir prisión de por vida; dos enfrentarían penas de hasta 25 años y otros cinco, condenas de hasta 20 años.

Entre quienes están en riesgo de pasar el resto de su vida en cárceles estadounidenses se encuentran al menos ocho operadores de estructuras criminales ligadas a cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y el grupo de los Beltrán Leyva.

Principales perfiles señalados

Uno de los casos más relevantes es el de Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario o El Señor de la Silla, identificado como segundo al mando de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave. Inzunza enfrenta acusaciones por narcoterrorismo, además de tráfico de cocaína y fentanilo, convirtiéndose en uno de los primeros imputados bajo este cargo tras la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte del gobierno de Donald Trump.

La fiscalía estadounidense sostiene que Inzunza y su hijo encabezaron una de las redes de producción de fentanilo más complejas a nivel mundial, responsable del envío de decenas de miles de kilos de esa droga a Estados Unidos. Su hijo, Pedro Inzunza Coronel, El Pichón, murió en un operativo de la Marina en noviembre de 2025 y también figuraba en la acusación.


Otro caso relevante es el de María del Rosario Navarro Sánchez, La Chayo, quien se convirtió en la primera persona acusada en Estados Unidos por brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Está señalada por tráfico de drogas, armas, dinero y personas en colaboración con el CJNG, y su proceso se sigue en una corte federal de El Paso, Texas.

Asimismo, figura Juan Pedro Saldívar Farías, El Z-27, ex comandante regional de Los Zetas en estados del norte del país, bajo el mando de su hermano José Manuel, El Z-31. También enfrenta cargos que podrían derivar en cadena perpetua.

Ricardo González Sauceda, El Ricky, presunto mando regional del Cártel del Noreste, antes Los Zetas, es procesado en una corte del oeste de Texas con cargos similares. En una situación comparable se encuentra Juan Pablo Bastidas Erenas, El Payo, señalado como operador logístico de una amplia red de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, además de fentanilo y metanfetamina, así como por lavado de dinero, tráfico de armas y delitos violentos.


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Integrantes del CJNG

Dos presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación también enfrentan la posibilidad de prisión de por vida: José Luis Sánchez Valencia, El Chalamán, considerado cercano al liderazgo del grupo, y Armando Gómez Núñez, El Delta 1, señalado como jefe de una célula armada conocida como Los Deltas.

Vieja guardia del narcotráfico

Entre los perfiles históricos destaca José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, acusado en California por delitos relacionados con metanfetamina y efedrina desde finales de los años ochenta. Es identificado como enlace con proveedores de cocaína en Sudamérica y supervisor de laboratorios clandestinos.


En contraste, dos presuntos lavadores de dinero vinculados a los cárteles de Sinaloa y Jalisco —Eduardo Rigoberto Velasco Calderón y Eliomar Segura Torres— podrían recibir condenas de hasta 20 años. Ambos son acusados en Kentucky de integrar una red dedicada a recolectar y transferir ganancias del narcotráfico obtenidas en Estados Unidos hacia organizaciones criminales en México.

Las autoridades estadounidenses prevén que todos los extraditados comparezcan próximamente ante jueces federales para iniciar formalmente sus procesos penales, los cuales podrían derivar en juicios o acuerdos de culpabilidad.


Edición: MANUEL GALLEGOS