Justifica compra de camionetas blindadas
Ciudad de México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, salió al paso de la controversia generada por la compra de nueve camionetas blindadas con un costo de 2.4 millones de pesos cada una, y aclaró que la decisión no estuvo relacionada con amenazas a la seguridad, sino con el deterioro del parque vehicular, el cual ha presentado fallas mecánicas que incluso han dejado varadas a las unidades en carreteras durante comisiones fuera de la Ciudad de México.
Aguilar Ortiz aseguró que la Corte mantiene su compromiso con la austeridad y afirmó que no tendría inconveniente en utilizar el Sistema de Transporte Colectivo Metro, como cualquier ciudadano. No obstante, advirtió que una política de austeridad extrema, sin ejercer gasto alguno, podría afectar el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Durante una conferencia de prensa marcada por momentos de tensión, el ministro presidente también corrigió declaraciones del ministro Arístides Guerrero García, quien había señalado que la anterior integración del Pleno se llevó obras de arte y cuatro camionetas, insinuando un presunto robo.
Al respecto, Aguilar Ortiz precisó que existía un acuerdo del Pleno anterior que permitía a los ministros adquirir los vehículos mediante un avalúo interno, por lo que aclaró que las unidades fueron compradas y no sustraídas de manera indebida. Subrayó que se trató de cuatro camionetas en mejores condiciones y que el procedimiento se realizó conforme a la normatividad vigente.
El titular de la SCJN ofreció una disculpa pública por los señalamientos realizados por Guerrero García y reiteró que no hubo irregularidades en la salida de los vehículos, ya que el proceso está debidamente regulado.
Asimismo, explicó que, en coordinación con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), las camionetas blindadas serán destinadas a jueces y magistrados que realmente requieren mayores condiciones de seguridad, debido a los riesgos inherentes a su labor.
Aguilar Ortiz enfatizó que garantizar la seguridad no implica abandonar la política de austeridad, y aseguró que el compromiso es mantener el funcionamiento institucional sin excesos, escuchando a la sociedad y buscando mejoras en beneficio del país. También anunció que se tomó la decisión de no utilizar algunas unidades y de iniciar un proceso de revisión para su desincorporación o reasignación a juzgadores en situación de riesgo, siempre dentro del marco legal.
Detalló que hasta el 1 de septiembre de 2025 se habían adquirido 43 vehículos blindados por la anterior administración, de los cuales 39 fueron recibidos, y que en los últimos cuatro meses se registraron diversos incidentes por fallas mecánicas que provocaron que varias unidades quedaran detenidas en carretera.
En materia de protección a jueces, el magistrado Néstor Vargas Solano, presidente del OAJ, informó que al menos 40 juzgadores en el país cuentan con medidas de seguridad, como chalecos antibalas, vehículos blindados y escoltas.
Vargas Solano recordó que el presupuesto del Poder Judicial de la Federación ha tenido variaciones en los últimos años y destacó que para 2026 se aprobaron 70 mil millones de pesos, lo que representa una reducción de 7 mil millones respecto a 2025. Añadió que el recorte total de este año asciende a 16 mil millones de pesos.
Indicó que, ante este escenario, se analizan ajustes en las estructuras administrativas, sin afectar a los órganos jurisdiccionales ni los derechos de los trabajadores sindicalizados, con el objetivo de generar un ahorro estimado de 400 millones de pesos durante el año. Además, señaló que se eliminó el seguro de gastos médicos mayores para altos mandos, lo que permitirá un ahorro adicional de 191 millones de pesos.
Finalmente, al ser cuestionado sobre la renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo como integrante del OAJ, Vargas Solano afirmó desconocer los motivos, pese a que la dimisión no ha sido informada oficialmente. Por su parte, Aguilar Ortiz adelantó que en los próximos días se dará a conocer el perfil de quien ocupará ese cargo.