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Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto el amparo que había cancelado la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es investigado por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con esta decisión, la orden de captura podrá ejecutarse nuevamente.
Por unanimidad, el Pleno determinó que los argumentos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) eran sólidos y suficientes. La Fiscalía impugnó la resolución de la jueza que concedió el amparo al considerar que invadió facultades del juez de control, ya que realizó una valoración de los datos de prueba que corresponde a etapas posteriores del proceso penal.
La ministra Lenia Batres Guadarrama, encargada del proyecto, propuso revocar la sentencia al señalar que el juzgado de Distrito aplicó un estándar probatorio más alto del que exige la Constitución para emitir una orden de aprehensión. Explicó que en esta fase preliminar basta con que existan datos que indiquen la posible comisión de un delito y la probabilidad de que el imputado haya participado, sin necesidad de pruebas plenas. Sin embargo, aunque la mayoría coincidió en revocar el amparo, varios ministros se apartaron de la metodología planteada en su proyecto.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó la revocación, pero expresó preocupación porque el proyecto podría sustituir indebidamente al juez natural, es decir, al juez de control encargado de determinar si se cumplían los requisitos para emitir la orden de captura. Advirtió que esto podría afectar el principio del debido proceso.
La orden de aprehensión se reactivará una vez que la Corte emita el engrose de la sentencia y esta sea notificada al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Como antecedente, en diciembre de 2023 una jueza federal en Tamaulipas había otorgado un amparo al exmandatario y ordenado cancelar la orden de captura. No obstante, un tribunal colegiado dejó sin efectos esa resolución y ordenó reponer el procedimiento.
En el expediente se señala que la FGR atribuye a Cabeza de Vaca y a otras dos personas la presunta triangulación de recursos mediante diversos esquemas financieros. De acuerdo con la investigación, durante su gestión como gobernador se habrían favorecido empresas vinculadas a sus allegados mediante contratos de obra pública por más de 105 millones de pesos. Además, uno de los coimputados fue incluido desde 2008 en la lista de la Oficina de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones sospechosas de lavado de dinero.