Karina “N” recibe prisión preventiva
Monterrey, NL.- Karina Barrón, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano de Monterrey, fue enviada a prisión preventiva oficiosa junto con otras dos personas, tras una denuncia presentada por el senador morenista Waldo Fernández por presuntos delitos de extorsión y falsedad en declaraciones.
Un juez de control resolvió que la funcionaria, así como Déborah “N” y el abogado Gustavo “N”, permanezcan en un penal estatal mientras se define su situación legal. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el sábado 7 de marzo.
Barrón enfrenta acusaciones por supuestos actos de cohecho y por alterar declaraciones, derivado de la querella interpuesta por Fernández. De acuerdo con el senador, tres personas —entre ellas una figura pública— habrían pagado un millón de pesos a una mujer para montar una acusación en su contra.
La detención fue realizada el domingo por la Fiscalía General de la República, y al día siguiente se celebró la audiencia inicial en los juzgados federales ubicados junto al Penal de Cadereyta.
Al término de la diligencia, Waldo Fernández declaró ante medios que fue víctima de una campaña de desprestigio durante el proceso electoral de 2024 rumbo al Senado. Afirmó que se presentó una denuncia por violación en su contra sin que existiera identificación formal de la denunciante ni dictámenes médicos o psicológicos que sustentaran la acusación.
Según la denuncia, en abril de 2024 Barrón habría pedido a su asistente localizar a una mujer para realizar un “trabajo especial” por el que se pagaría un millón de pesos. Posteriormente, presuntamente se contrató a Déborah “N”, quien viajó de Ciudad de México a Monterrey para interponer una denuncia ante la Fiscalía estatal contra Fernández por supuestos delitos de violación y amenazas, tras lo cual regresó a la capital del país.
Asimismo, se señala que el abogado vinculado al caso habría contactado telefónicamente al senador para exigirle que abandonara la contienda electoral y entregara cinco millones de pesos, lo que motivó la denuncia por extorsión presentada días antes de la elección.
Meses después, el equipo legal del legislador amplió la querella ante la FGR, señalando a presuntos operadores mediáticos. En septiembre, la Fiscalía de Nuevo León determinó no ejercer acción penal en su contra.
Por otra parte, la exasistente de Barrón renunció a su cargo y denunció ante la Fiscalía de Tamaulipas haber recibido amenazas telefónicas.
El senador también expresó que la situación afectó a su familia, particularmente a sus hijas, quienes —según dijo— enfrentaron señalamientos públicos derivados de lo que calificó como un montaje en su contra.