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Ciudad de México.- La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, recibió este martes el llamado “plan B electoral” junto con los coordinadores parlamentarios de Morena y del PT, entregado por Juan Ramiro Robledo Ruiz, enlace de Gobernación con el Congreso de la Unión. El acto se realizó a puerta cerrada y de manera improvisada.
Al recibir el documento, la presidenta Castillo destacó que se trata de una reforma de gran importancia y confió en que la mayoría de los legisladores la apruebe. Según el plan presentado, la reforma busca reducir costos y privilegios de los funcionarios públicos, estableciendo que ningún servidor gane más que la Presidenta de la República. Además, amplía los periodos para solicitar la revocación de mandato, sin modificar la fecha de la elección judicial, reduce el número de regidurías de siete a un máximo de 15, limita a una sindicatura por municipio y fija un tope presupuestal del 0.7% para los congresos estatales, destinando los ahorros a infraestructura pública. También se propone eliminar bonos, seguros y otros ingresos adicionales de funcionarios electorales estatales. En el Senado, se plantea una reducción progresiva del gasto hasta alcanzar un 15% del presupuesto.

Promoción del voto en revocación de mandato
El plan B electoral también contempla que la persona sujeta a la revocación de mandato pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, algo que actualmente solo puede hacer el Instituto Nacional Electoral (INE). La reforma busca que este ejercicio democrático se realice en el tercer o cuarto año del mandato, adelantándolo de 2028 a 2027, con el objetivo de reducir costos y evitar la saturación ciudadana. La revocación se realizará mediante votación libre, directa y secreta, y solo podrá solicitarse una vez durante los tres meses posteriores al segundo o tercer año de mandato.
Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, propaganda o tiempos oficiales relacionados con la revocación. Además, durante los 60 días previos a la jornada, se suspenderá la difusión de toda propaganda gubernamental.

Recorte presupuestal en el Senado
Los artículos transitorios de la iniciativa establecen que, a partir del siguiente ejercicio fiscal, el presupuesto del Senado se ajustará progresivamente durante cuatro años para alcanzar una reducción acumulada del 15% en términos reales, sin afectar los derechos laborales de los empleados. El INE, los organismos electorales locales y los tribunales electorales deberán revisar sus normas y presupuestos para cumplir con la reforma. Asimismo, la Cámara de Diputados y las legislaturas locales garantizarán los ajustes presupuestales necesarios en los entes públicos y autoridades electorales, incluyendo los congresos estatales y ayuntamientos, conforme al Presupuesto de Egresos que corresponda.