Busca amparo para evitar extradición a EU
Sinaloa.- Gerardo Mérida Sánchez, quien fungió como secretario de Seguridad Pública en Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, obtuvo una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo que le permite frenar su detención y una posible extradición hacia Estados Unidos.
El recurso legal fue concedido por el juez Rafael Linares Rivera, del Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán, y tendrá vigencia hasta la audiencia programada para el próximo 1 de junio.
De acuerdo con el expediente 539/2026, la suspensión impide cualquier acto relacionado con detención provisional, extradición, localización o aseguramiento con fines de entrega a otro país.
Durante su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, se le acusa de presuntamente recibir pagos mensuales de 100 mil dólares vinculados a “Los Chapitos”.
Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el exfuncionario estaría implicado junto con otros servidores y exservidores públicos en una presunta red de colaboración con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Esta investigación también incluye a otras figuras políticas de alto nivel, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados.
En el caso de Mérida Sánchez, se le atribuyen delitos como conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión y uso de armas de alto poder y dispositivos explosivos, cargos que podrían implicar penas de hasta cadena perpetua en caso de ser comprobados.
El exsecretario también tuvo cargos militares relevantes, como comandante de la XXV Zona Militar en Puebla durante la administración de Miguel Barbosa Huerta.
Posteriormente fue designado en Sinaloa, donde su llegada coincidió con un periodo de violencia tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que generó enfrentamientos entre grupos criminales.
Tras más de 100 días de violencia entre facciones rivales, presentó su renuncia el 20 de diciembre de 2024, en medio de cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad en el estado, y desde entonces había permanecido fuera del ámbito público.
Las autoridades estadounidenses mantienen abiertas las investigaciones contra al menos diez funcionarios y exfuncionarios, a quienes señalan por presuntamente facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa desde distintos niveles de gobierno.