Rocha Moya bajo la FGR
Sinaloa.- La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo revisión las investigaciones relacionadas con la presunta narcoelección registrada en Sinaloa en 2021, en la que, según denuncias, el Cártel de Sinaloa habría intervenido a favor del entonces candidato Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia, quien ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, de acuerdo con fuentes federales.
De forma paralela, la FGR también reexamina la carpeta de investigación sobre el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda. En este caso, se han identificado posibles inconsistencias en la investigación local, además de indicios que apuntarían a que el crimen habría ocurrido en un inmueble relacionado con el presunto secuestro del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024, reunión en la que, según declaraciones del propio líder criminal, también habría sido citado Rocha Moya.
Fuentes consultadas señalaron que, pese a las acusaciones y denuncias presentadas hace dos años, el gobernador con licencia no ha sido llamado a declarar, ni siquiera en calidad de testigo.
Asimismo, indicaron que continúa pendiente la entrega de información por parte del gobierno de Estados Unidos a la FGR, en la que se señalan presuntos vínculos entre el mandatario estatal y el crimen organizado, junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa que tampoco han sido citados a declarar.
En semanas recientes, autoridades estadounidenses han señalado que el gobierno de Sinaloa estaría influenciado por el Cártel de Sinaloa, particularmente por la facción conocida como “Los Chapitos”, lo que derivó en solicitudes de detención contra Rocha Moya y otros exfuncionarios, a quienes se acusa de haber recibido sobornos para permitir la operación del grupo criminal en la entidad.
De acuerdo con investigaciones atribuidas a la DEA y presentadas por la fiscalía estadounidense en una corte de Nueva York, Rocha Moya habría llegado al poder en 2021 con el respaldo de integrantes de dicha organización criminal, y posteriormente habría sostenido reuniones con sus líderes, comprometiéndose presuntamente a proteger sus operaciones a cambio de apoyo político y electoral.
En ese contexto, se señala que antes y después de asumir el cargo, el mandatario habría participado en encuentros con líderes de la organización criminal, en los que se habrían pactado acuerdos para facilitar su operación en el estado.
Respecto al caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda, en octubre de 2024 la FGR informó haber encontrado irregularidades en los reportes de la Fiscalía de Sinaloa, entre ellas inconsistencias en la causa de muerte, lesiones no reportadas adecuadamente y fallas en un video presentado como evidencia, el cual no contaba con audio y solo registraba un disparo.
Además, trabajadores de una gasolinera donde supuestamente ocurrió el ataque afirmaron no haber escuchado detonaciones.
Por otra parte, una carta difundida por el abogado de Ismael “El Mayo” Zambada señaló que el exrector habría sido asesinado el mismo día de su presunto secuestro, en el marco de una reunión relacionada con disputas políticas en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Tras la difusión de ese documento, autoridades estadounidenses afirmaron que el capo habría sido trasladado sin su consentimiento a territorio de Estados Unidos por Joaquín Guzmán López.
En respuesta, autoridades mexicanas han señalado que no existen pruebas concluyentes entregadas por Estados Unidos sobre las acusaciones relacionadas con Rocha Moya y otros funcionarios, mientras que el gobierno federal ha reiterado que cualquier señalamiento debe estar respaldado con evidencia formal.
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que su administración no tiene conocimiento de nuevas investigaciones estadounidenses contra políticos en funciones, pero ha subrayado que cualquier acusación, sin importar el partido político, debe sustentarse con pruebas.