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Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió al juez Frederick Block que el juicio contra el fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, se realice con un jurado anónimo y parcialmente protegido, con el fin de evitar posibles actos de intimidación. El acusado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico.
En un documento presentado el 16 de junio, la fiscalía solicitó que la información personal de los integrantes del jurado —como nombres, domicilios y lugares de trabajo— permanezca confidencial. Además, propuso que sean trasladados diariamente bajo resguardo del Servicio de Marshals durante el desarrollo del proceso.
Las autoridades estadounidenses argumentan que Caro Quintero cuenta con antecedentes que evidencian su capacidad para interferir en procedimientos judiciales. Según la acusación, el capo inició sus actividades en el narcotráfico desde la década de 1980, cuando fundó el Cártel de Guadalajara, organización con la que traficó grandes cantidades de marihuana hacia Estados Unidos, para posteriormente incursionar en el comercio de cocaína, metanfetaminas y heroína. También se le vincula con los orígenes del Cártel de Sinaloa.

La fiscalía señala que el acusado ha recurrido a la violencia extrema contra quienes consideraba una amenaza, incluyendo rivales, colaboradores y autoridades. Entre los hechos más graves que se le atribuyen está el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985.
Asimismo, se indicó que, tras su detención en 1985, su liberación en 2013 y su recaptura en México en julio de 2022, Caro Quintero habría continuado operando su red criminal con apoyo de personas cercanas, entre ellas su sobrino Ismael Quintero Arellanes, quien también será procesado en el mismo caso.
De acuerdo con la investigación, Quintero Arellanes habría fungido como intermediario para transmitir órdenes y evitar la captura de su tío durante el tiempo en que permaneció prófugo, utilizando incluso medios de comunicación electrónica.
La fiscalía también advirtió sobre la amplia cobertura mediática del caso, lo que podría poner en riesgo la seguridad e imparcialidad del jurado si sus identidades se hacen públicas, dado el alto perfil del acusado y sus vínculos con organizaciones criminales.

Finalmente, se informó que un juez estadounidense fijó el 8 de marzo de 2027 como fecha tentativa para el inicio del juicio. Hasta el momento, no existe ningún acuerdo de culpabilidad, por lo que el proceso continuará en tribunales, posiblemente incluyendo también a su sobrino como coacusado.