ICE busca asegurar a policías en arrestos migratorios
Estados Unidos.- Las autoridades migratorias de Estados Unidos analizan un programa para proteger financieramente a policías estatales y locales que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en labores de detención migratoria y que puedan enfrentar demandas por presuntas conductas indebidas.
De acuerdo con un documento de planificación publicado el viernes, el ICE propone financiar un seguro de responsabilidad civil para agentes que hayan sido capacitados y autorizados para aplicar las leyes federales de inmigración.
La iniciativa busca eliminar uno de los principales obstáculos que han expresado algunos departamentos policiales para incorporarse a las asociaciones conocidas como 287(g), mediante las cuales agentes locales reciben facultades para realizar determinadas tareas migratorias.
Según el proyecto, cada agente podría contar con una póliza de hasta 500 mil dólares de cobertura por responsabilidad personal, destinada principalmente a cubrir gastos legales, acuerdos extrajudiciales y posibles sentencias. El plan contempla reembolsar a los policías hasta 250 dólares anuales, monto estimado del costo de la póliza.
El ICE también contempla contratar a una empresa que se encargue de administrar el programa, incluyendo la contratación de la aseguradora, la capacitación, las labores de comunicación y el procesamiento de los reembolsos.
Hasta ahora no se ha establecido cuándo comenzaría el programa ni cuánto costaría en total. La agencia solicitó comentarios al sector privado sobre la propuesta antes del jueves.
Críticas por posible reducción de responsabilidades
La propuesta ya generó cuestionamientos entre organizaciones y especialistas críticos de las políticas migratorias del gobierno estadounidense.
David Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, consideró que el seguro podría convertirse en otro mecanismo para reducir la responsabilidad individual de los agentes ante posibles violaciones a los derechos de las personas durante operativos migratorios.
La preocupación surge en un momento en que las colaboraciones entre el ICE y corporaciones policiales locales han aumentado de manera considerable durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Según datos del propio ICE, cerca de mil 600 agencias en 32 estados mantienen actualmente acuerdos bajo el modelo 287(g). Los departamentos participantes pueden recibir recursos federales para cubrir gastos como salarios, equipo y vehículos.
Aumentan los arrestos migratorios
El crecimiento de estas alianzas también ha coincidido con un incremento en los arrestos realizados por agentes locales dentro de los programas del ICE.
Los datos más recientes señalan que durante los dos primeros meses de 2026 se registró un promedio de 3 mil arrestos mensuales, frente a aproximadamente 250 al mes durante 2024, cuando Joe Biden ocupaba la presidencia.
Florida, Texas, Oklahoma y Georgia se encuentran entre los estados donde diversas agencias han impulsado con mayor fuerza este tipo de acuerdos, respaldadas por autoridades republicanas.
Policías temen enfrentar demandas
Uno de los principales problemas para las corporaciones locales es que sus pólizas de seguro habituales podrían no cubrir las actividades relacionadas con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Los agentes y departamentos han expresado preocupación por posibles demandas relacionadas con uso excesivo de la fuerza, arrestos indebidos, registros ilegales y otras acciones realizadas durante operativos migratorios.
En Pensilvania, por ejemplo, un fondo de riesgos ya informó que no cubriría determinadas actividades proactivas de aplicación de las leyes migratorias, obligando a varios condados que participan en el programa a buscar seguros adicionales.
El jefe policial del condado de Butler, Michael Slupe, explicó que tuvo que contratar una póliza para los 13 agentes de su departamento que participan en el programa, con un costo aproximado de 20 mil dólares anuales.
A diferencia de los agentes federales, quienes generalmente cuentan con determinadas protecciones legales y respaldo del gobierno ante demandas, los policías locales no siempre tienen acceso a las mismas garantías.
El exjefe policial de Colorado y actual director ejecutivo de la Asociación Nacional de Jefes Policiales, Justin Smith, consideró que la propuesta del ICE podría ser positiva, debido a que la posibilidad de enfrentar responsabilidades legales ha generado dudas entre algunos mandos policiales sobre participar en los operativos migratorios.
Mientras tanto, los acuerdos actuales establecen que los departamentos locales deben asumir los costos derivados de incidentes que generen responsabilidad legal. El ICE sostiene que los agentes que realizan funciones autorizadas actúan bajo una autoridad federal, lo que podría limitar determinadas demandas individuales.
Además, los policías locales que enfrenten demandas civiles pueden solicitar representación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque la decisión final sobre brindar esa defensa corresponde a la propia dependencia federal.