Estado como víctima de desvío en la pasada administración
Chihuahua, Chih.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informó que existe una sentencia definitiva dentro del Juicio de Amparo 547/2026, promovido ante el Juzgado Décimo de Distrito, mediante la cual se reconoció al Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, como víctima por el delito de peculado agravado relacionado con la presunta desviación y disposición irregular de 98.6 millones de pesos durante la pasada administración estatal.
De acuerdo con el comunicado, la resolución definitiva tiene vigencia desde el pasado 14 de agosto de 2026. La Fiscalía señaló que, pese a ello, el juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez habría asumido competencia de manera ilegal y desconocido la calidad de víctima de la Secretaría de Hacienda.
La dependencia estatal acusó al juzgador de haber sido presuntamente cooptado por uno de los imputados, quien cuenta con inmunidad constitucional y actualmente preside la Comisión de Justicia del Senado de la República.
La Fiscalía Anticorrupción sostuvo que las acciones atribuidas al juez podrían encuadrar en el supuesto contemplado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo.
Asimismo, informó que el juzgador ya había sido denunciado ante el Tribunal Federal de Disciplina y que también se presentó una denuncia por el presunto incumplimiento de la suspensión definitiva, al insistir en desconocer a la Secretaría de Hacienda como parte víctima dentro del proceso.
La dependencia estatal también denunció un supuesto hostigamiento sistemático y tráfico de influencias en el que estarían involucrados funcionarios de la Fiscalía General de la República y el juez señalado. Según la Fiscalía, estas acciones buscarían intimidar su labor mediante requerimientos y resoluciones que, a su consideración, estarían fuera del marco legal.
Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción señaló que el Tribunal Colegiado resolvió de manera atípica un conflicto competencial al, según su postura, confundir participaciones con aportaciones federales dentro del sistema de recaudación y fiscalización. Añadió que dicha resolución únicamente correspondió a uno de los imputados, identificado como J.C.J., por lo que consideró concluido ese conflicto de competencia.