Diputados aprueba Ley de Aguas
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la Ley de Aguas que, entre otros aspectos, establece el derecho humano a ese recurso, prohíbe su acaparamiento y sanciona hasta con ocho años de prisión los delitos contra las aguas nacionales.
Aunque la presidenta de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Kenia López, se declaró en contra del trámite en “fast-track” del dictamen, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados avaló discutirlo con dispensa de todos los trámites.
El proyecto considera más de 50 modificaciones para responder a las demandas de las organizaciones campesinas, pero el líder de la fracción morenista, Ricardo Monreal, anunció más cambios para la discusión en lo particular.
La nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, señalan que toda persona gozará del derecho humano al agua y que, para ello, el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al acceso a dicho recurso.
Aun cuando el bloque oficialista incorporó una adición para enunciar el derecho de los productores agrícolas a vender o heredar sus concesiones de agua, previo aval de la autoridad en la materia, la bancada priista calificó ese ajuste de falsedad, pues la legislación dispone que “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”.
El ordenamiento aprobado en lo general por Morena, PT y PVEM establece un nuevo capítulo de delitos contra las aguas nacionales que serán perseguidos de oficio.
Entre las penalidades previstas destacan de tres meses a cinco años de prisión para quien, sin autorización, altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas, ponga en peligro la vida de las personas o la seguridad de sus bienes, o afecte los ecosistemas vitales.
“Quedan exceptuadas de las sanciones a que se refiere el presente artículo las personas que realicen esta actividad para uso personal, doméstico y agropecuario familiar”, señala el articulado, en respuesta a quienes denunciaron la criminalización de los campesinos.
De igual forma, se prevén hasta ocho años de prisión para servidores públicos o usuarios que gestionen concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales mediante el ofrecimiento o entrega de dádivas.
¿Cuáles son los principales cambios en la Ley de Aguas?
Entre los principales cambios considerados en el dictamen destaca el de mantener el derecho de los propietarios a vender o heredar sus tierras con el respectivo título de concesión de agua, una de las principales exigencias de los productores del campo.
“La autoridad del agua resolverá, mediante procedimientos expeditos, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles, la reasignación de volúmenes (de agua) en los siguientes supuestos:
I. Cuando se transmita el dominio de una propiedad asociada a un título de concesión.
II. En los casos de fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles.
III. En caso de que se acrediten derechos sucesorios”, señala la adición incorporada al proyecto.
Asimismo, se modifica la denominación del capítulo Delitos Hídricos por la de Delitos contra las Aguas Nacionales, reduciendo las penas previstas en la iniciativa.
No obstante, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum considera aspectos innegociables, como garantizar el derecho humano al agua, combatir su robo y acaparamiento, además de ordenar las concesiones en la materia.
¿Qué busca la nueva Ley de Aguas?
Según el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, la iniciativa tiene como objetivo garantizar el agua como un derecho humano, recuperar la rectoría estatal sobre las aguas nacionales y eliminar la posibilidad de que el recurso sea mercantilizado.
“Con esta nueva ley, el agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho humano, como un bien estratégico para el desarrollo del país”, señaló Morales López en La Mañanera de la Presidenta el 26 de noviembre.
De aprobarse, estos cambios implicarían una transformación en la forma en que se otorgan, gestionan y supervisan las concesiones de agua. Esto ha generado expectativas de justicia hídrica, pero también temor entre sectores agrícolas, los cuales dependen del riego para su producción.