Investigan 7 empresas ligadas a hijos de Rocha
México.- El cerco en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha intensificado. Además del congelamiento de sus cuentas bancarias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició la revisión de los movimientos financieros de las empresas vinculadas a sus hijos, de acuerdo con reportes del sistema bancario.
Tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las autoridades mexicanas bloquearon las cuentas del mandatario y mantienen bajo observación las de sus hijos, particularmente las de José de Jesús Rocha Ruiz, Rubén Rocha Ruiz y Ricardo Rocha. Las compañías relacionadas con ellos son investigadas por presuntas operaciones de lavado de dinero y triangulación de recursos.
Se presume que estas empresas habrían obtenido contratos con dependencias estatales como Obras Públicas, el DIF y los Servicios de Salud durante la administración de Rocha Moya, lo que activó alertas en los sistemas antilavado, sobre todo después de que se formalizaran acusaciones en su contra en Estados Unidos.
Entre las firmas bajo investigación se encuentran A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones y Estadísticas, Agronegocios y Servicios El Águila del Norte, Chocosa Ranch, Construcciones Suaqui, Constructora Chocosa y Grupo Rofcar, esta última dedicada a la venta de baterías y aceites.
También se indaga la posible relación de funcionarios y exfuncionarios con estas empresas, como el titular del SAT estatal, José Carlos Cárdenas Mellado, y el director administrativo de los Servicios de Salud, Eduardo Aguirre Medina.
Las investigaciones se extienden a mandos policiales y exfuncionarios de seguridad, como Marco Antonio Almanza Avilés, señalado por autoridades estadounidenses de recibir sobornos del grupo criminal conocido como Los Chapitos. Asimismo, se revisan los activos de otros exmandos y funcionarios presuntamente vinculados con actividades ilícitas.
Entre ellos figuran José Antonio Dionisio Hipólito, acusado de recibir pagos para permitir operaciones del crimen organizado, y Juan Valenzuela Millán, comandante policial identificado como presunto integrante de dicha organización. También está bajo la lupa el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, quien habría mantenido vínculos comerciales con empresas de la familia Rocha.
La UIF aclaró que el congelamiento de cuentas es una medida preventiva y no implica culpabilidad, sino que busca proteger el sistema financiero. Las personas incluidas en la lista tienen derecho a defenderse conforme a la ley.
Desde inicios de mayo, la UIF solicitó información bancaria sobre Rocha Moya y posteriormente amplió la investigación a sus familiares. Hasta el momento, algunos exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses ya se han entregado, mientras continúan las indagatorias en México.