
Estados Unidos.- Sin una solución cercana, el cierre del gobierno federal de Estados Unidos, conocido como “shutdown”, genera un costo generalizado para la economía de alrededor de 15 mil millones de dólares por semana, equivalente a entre 0.1 y 0.2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Los impactos se reflejan en el suministro de servicios, la volatilidad bursátil y, por primera vez, en la amenaza presidencial de despidos masivos, todo a raíz de los desacuerdos presupuestales entre republicanos y demócratas.
A pocos días de iniciarse el primer “shutdown” del segundo mandato de Donald Trump, las expectativas de un acuerdo a corto plazo son escasas, debido a que los demócratas exigen que se mantengan los subsidios de Obamacare y Medicaid. Algunos analistas incluso no descartan que se repita un cierre como el de 2018-2019, que duró 35 días y se originó por el desacuerdo sobre el muro fronterizo con México, siendo el más largo en la historia del país.
Alejandra Castillo, ex secretaria adjunta de Comercio en la administración Biden, señaló que este cierre tiene consecuencias económicas significativas. “En lugares con alta concentración de empleados federales, como Washington, Atlanta y Houston, se afectará a los trabajadores, lo que a su vez impactará gradualmente a la economía general”, explicó.

Un memorando del Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca, basado en análisis de Goldman Sachs, Fiserv y la Reserva Federal, estima que un cierre de un mes reduciría el gasto de los consumidores en 30 mil millones de dólares, la mitad por impactos directos en empleados federales y el resto por efectos indirectos en otros sectores. El documento advierte que el cierre podría frenar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y afectar programas de seguridad social, viajes aéreos y asistencia nutricional a mujeres con bebés, con efectos que se intensificarían cuanto más se prolongue el cierre.
El precedente del shutdown del muro con México se remonta a diciembre de 2018, cuando Trump exigía 5.7 mil millones de dólares para financiar el muro fronterizo. Al no lograr un acuerdo con los demócratas, expiraron los fondos de varios departamentos, provocando un cierre parcial que afectó a cientos de miles de empleados federales, quienes trabajaron sin paga o fueron suspendidos temporalmente. El cierre concluyó el 25 de enero de 2019 con un acuerdo temporal que reabrió el gobierno, aunque sin incluir los fondos para el muro. Posteriormente, Trump declaró una “emergencia nacional” para intentar obtener los recursos mediante desviaciones presupuestarias del Pentágono, y Biden suspendió la mayor parte de la construcción tras ganar la presidencia. El costo total de ese cierre se estimó en 11 mil millones de dólares, de los cuales 3 mil millones fueron pérdidas permanentes.
Reparto de culpas
En el nuevo cierre, los demócratas buscan usar el presupuesto como instrumento político para revertir recortes a Medicaid y a los subsidios de Obamacare. El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, defendió la postura de su partido, acusando a los republicanos de inmoralidad y crueldad en la atención médica.
Aunque la Casa Blanca y los republicanos afirman estar dispuestos a negociar, los demócratas exigen la reapertura del gobierno y la aprobación de una resolución temporal hasta el 21 de noviembre. La propuesta fue rechazada en el Senado, donde los republicanos aún necesitan cinco votos adicionales para aprobarla.

Un sondeo de The Washington Post muestra que el 47 % de los votantes responsabiliza a los republicanos, frente al 30 % que culpa a los demócratas. Históricamente, el partido percibido como intransigente suele pagar un costo político.
Riesgos y precauciones de la Fed
A pesar de los riesgos, no se han iniciado negociaciones formales. La Casa Blanca ha mencionado despidos y recortes, lo que podría aumentar el costo político. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) calcula que cada día de cierre cuesta unos 400 millones de dólares en salarios de empleados suspendidos, sin incluir otros daños económicos a largo plazo, que podrían ser mayores que en 2018 si se materializan las amenazas de despidos masivos.