Trump enfrenta demandas millonarias
Estados Unidos.- El Gobierno de Donald Trump enfrenta múltiples demandas por presuntas violaciones a los derechos constitucionales de ciudadanos estadounidenses detenidos durante redadas migratorias. Entre los casos se incluyen un trabajador de la construcción arrestado en dos ocasiones y un anciano golpeado y retenido pese a recuperarse de una cirugía cardíaca.
Estas demandas, algunas de ellas reclamando indemnizaciones de hasta 50 millones de dólares, se están volviendo recurrentes. El pasado lunes, Leonardo García Venegas presentó una querella contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), argumentando que sus detenciones en obras de construcción en Alabama fueron “irrazonables” y violaron la Cuarta Enmienda, que protege contra arrestos y registros sin causa justificada.
García Venegas, hijo de padres mexicanos y ciudadano estadounidense, fue detenido por primera vez en mayo cuando agentes enmascarados ingresaron a un sitio de construcción. Aunque mostró su identificación REAL ID, fue esposado durante una hora. En junio, fue detenido nuevamente en otra obra, pese a presentar su documentación, y liberado 20 minutos después. La querella colectiva incluye 19 casos similares de ciudadanos y residentes legales afectados.
Otro caso grave involucra a Rafie Ollah Shouhed, de 79 años y propietario de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien alega fracturas y traumatismo craneoencefálico tras ser empujado y detenido violentamente durante una redada el 9 de septiembre. Shouhed, que había sido sometido recientemente a una cirugía cardíaca, fue esposado y retenido casi 12 horas sin atención médica ni acceso a llamadas telefónicas. La demanda busca una indemnización de 50 millones de dólares y acusa a los agentes de violar la Ley Bane de California, que prohíbe interferir con los derechos constitucionales mediante la fuerza o amenazas.
En agosto, cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas separadas por detenciones arbitrarias, incluyendo el caso de Cary López Alvarado, embarazada durante la redada, cuya bebé nació prematura. Luis Carrillo, abogado de los demandantes, calificó las acciones de los agentes como “brutales” y espera que estas querellas frenen el uso excesivo de la fuerza.
La situación ha generado preocupación internacional, y Carrillo, junto con la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta, presentó una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitando una investigación sobre los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes.