FGR niega vínculo Bermúdez
Tabasco.- El funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) que fue vinculado por autoridades de Tabasco con Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de La Barredora, no mantuvo ningún contacto con el exsecretario de Seguridad Pública del estado, según confirmaron fuentes federales.
Durante la audiencia para solicitar la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco, Mixdally Lizbeth Álvarez Isidro, indicó ante el juez de control Ramón Adolfo Brown Ruiz que un servidor público llamado Rosete, conocido como “El Yanqui”, formaba parte de la FGR y supuestamente estaba vinculado a la organización criminal.
Sin embargo, autoridades federales aclararon que este servidor público ocupó el cargo de encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en Tabasco entre el 27 de noviembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018. Posteriormente, el 6 de diciembre de 2018, se le asignaron funciones en la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales. Para el 31 de diciembre de 2018, fecha en que Adán Augusto López asumió como gobernador, este funcionario ya no estaba en el sector central, por lo que no tuvo contacto ni institucional ni personal con Bermúdez Requena. La FGR ya investigó este señalamiento, y su nombre se mantuvo reservado por motivos de seguridad.
En la audiencia celebrada el 18 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Tabasco presentó los presuntos delitos cometidos por La Barredora, incluyendo el secuestro de un empresario y cinco informes del Ejército que vinculan a Hernán Bermúdez con esta organización. La agente Álvarez detalló que la agrupación estaba integrada por: Carlos Tomás Díaz Rodríguez (“El Tomacín”), Ulises Pinto Madera (“El Mamado” o “El Pinto”), Trinidad Alberto de la Cruz Miranda (“El Pelón de Playas”), Daniel Hernández Montejo (“El Prada”), Savier o Javier Eduardo Vásquez Orellana, y Manuel de Atocha Romero Hernández. Estos individuos se dedicaban al tráfico de hidrocarburo, extorsión y secuestros, y sus acciones beneficiaban al CJNG con apoyo de una red policial bajo la dirección de Bermúdez.
La causa penal 212/2025 se originó a partir de la denuncia de Ramón Martínez Armengol, propietario de la gasolinera ParaGas en Villahermosa. El empresario relató que desde noviembre de 2018 fue presionado para vender combustible robado. Al negarse, fue obligado a recibir pipas de huachicol y posteriormente secuestrado y golpeado durante dos días. Bajo amenaza de muerte, él y su esposa firmaron un poder notarial que cedía la administración de su gasolinera a Manuel de Atocha Romero. Cuando intentó recuperar el control judicialmente, Martínez denunció que Bermúdez Requena no sólo se negó a apoyarlo, sino que su despacho jurídico promovió acciones legales para impedir el desalojo de los invasores, exigiéndole incluso cederle la mitad del negocio.