Penas más duras contra huachicol de agua
Estado de México.- El Código Penal del Estado de México establece penas de dos a seis años de prisión y multas de cincuenta a doscientos días para quienes “no supervisen o ejecuten el proceso de desinfección del agua potable bajo su responsabilidad”. En caso de tratarse de un servidor público, la sanción se agrava con destitución e inhabilitación por seis años.
Piperos y responsabilidades legales
Este lunes, piperos bloquearon principales carreteras del Estado de México, argumentando el cierre de pozos y fuentes de abastecimiento. Aunque afirmaron dedicarse únicamente al transporte de agua, la ley indica que podrían enfrentar responsabilidades penales si la procedencia del agua es ilegal.
El Código Penal mexiquense señala que:
Quien distribuya agua potable mediante pipas sin contar con el permiso correspondiente enfrenta de dos a seis años de prisión y multa de 50 a 200 días (Artículo 145).
Quien distribuya agua de fuentes no autorizadas podría recibir de uno a tres años de prisión y multa de 25 a 100 días.
Esto implica que, independientemente de que los piperos conozcan el origen del agua, pueden ser responsables penalmente, especialmente si hay participación de organizaciones sindicales en el fenómeno.
Acuerdos con autoridades
Los manifestantes se reunieron con representantes de la Secretaría General de Gobierno, la FGJEM, Conagua y la CAEM. Se acordó:
Retirar los bloqueos en carreteras.
Proporcionar información sobre trabajadores, vehículos y origen del agua.
Que las autoridades evalúen la viabilidad del pliego petitorio presentado por los piperos.
Reforma contra el “huachicol de agua”
La fracción parlamentaria de Morena, a través de la legisladora Zaira Cedillo, busca reformar el Código Penal para endurecer las penas contra la extracción, distribución o venta ilegal de agua, conocido como “huachicol de agua”.
La propuesta contempla:
Elevar las penas de 2-6 años a 20-30 años de prisión.
Imponer multas de hasta 2.8 millones de pesos.
Inhabilitación de servidores públicos implicados por el tiempo que dure su sanción.
La iniciativa surge ante la problemática de que aproximadamente el 40% del agua potable en el Estado de México es robada o desviada mediante tomas clandestinas o pozos irregulares, buscando contar con herramientas legales efectivas para enfrentar este delito.