TEPJF reduce castigo a Yasmín Esquivel
Ciudad de México.- La principal favorecida fue Yasmín Esquivel, quien inicialmente enfrentaba el mayor número de observaciones del INE durante la fiscalización de la elección judicial. De una multa original cercana al medio millón de pesos, ahora solo deberá cubrir alrededor del tres por ciento, una cantidad que no rebasaría los cinco mil pesos.
La Unidad Técnica de Fiscalización había calculado una sanción de 547 mil 823.88 pesos por recibir aportaciones prohibidas, permitir que terceros pagaran publicidad en redes sociales y sitios web, no declarar gastos ni donativos indebidos, omitir reportes y no usar una cuenta bancaria exclusiva para su campaña, entre otras faltas. No obstante, el Consejo General redujo el monto atendiendo a la situación económica de Esquivel y la acumulación de sanciones. Así, la multa bajó primero a 95 mil 490.16 pesos.
Posteriormente, Esquivel impugnó ante la Sala Superior, donde la magistrada Mónica Soto planteó revocar las penalizaciones más altas —que representaban más del 97% del total—, dejando únicamente cuatro infracciones menores que deberán ser recalculadas por el INE.
Entre las sanciones eliminadas estaban dos de gran peso: una por más de 406 mil pesos por no rechazar una aportación ilegal equivalente a casi 290 mil pesos en publicidad digital, y otra por poco más de tres mil pesos por no reportar una manta y un banner con su imagen. Esquivel argumentó que desconocía a quienes financiaron la propaganda y que había entregado un escrito deslindándose, el cual no se tomó en cuenta.
La Sala Superior determinó que no existían pruebas que relacionaran a la candidata con dichas publicaciones ni evidencia de beneficio electoral. También concluyó que la manta y el banner formaban parte de la organización de un evento de una asociación civil y no correspondían a propaganda de campaña.
Por ello, solo quedaron en pie cuatro multas menores —de 791 pesos, 113.14 pesos, mil pesos y dos mil pesos— aunque el INE deberá ajustar nuevamente los montos.
Otros juzgadores también resultaron beneficiados por las revocaciones. A Giovanni Azael Figueroa Mejía se le anuló una sanción de 2,489.08 pesos por entregar fuera de plazo su informe de gastos.
Celia Maya, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, también fue eximida del pago de una multa de 34,290.42 pesos. Aunque el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso mantener las cinco sanciones que le impuso el INE, la mayoría integrada por Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes votó por eliminar todas.
Asimismo, el presidente del Tribunal Electoral, Gilberto de Guzmán Bátiz, recibió la anulación de una multa de 28,737.56 pesos por no presentar comprobantes de pagos y no informar sobre cambios o cancelaciones de eventos. La Sala Superior concluyó que el INE aplicó reglas incorrectas y no garantizó su derecho de defensa, por lo que revocó completamente las acusaciones.
Aunque la reforma judicial establecía que la Suprema Corte debía resolver temas relacionados con la elección judicial para evitar conflictos de interés, la Corte declinó revisar asuntos de Salas Regionales, por lo que la Sala Superior terminó resolviendo también esas controversias de fiscalización. En estos casos, tanto Guzmán Bátiz como Claudia Valle Aguilasocho se excusaron de participar en las resoluciones.
Durante la misma sesión, el Tribunal Electoral también anuló sanciones de entre 500 y 4 mil pesos a candidatos a juzgados de distrito y magistraturas de circuito, al considerar que en casos de aportaciones prohibidas la responsabilidad no puede atribuirse automáticamente al beneficiario cuando no existe evidencia de su participación o conocimiento.