Jueza multa con 1.3 millones a litigante
Tamaulipas.- La polémica por la multa de 1.3 millones de pesos impuesta por la jueza de Control Mónica Iliana Pérez Chapa a una abogada durante una audiencia continúa escalando y ya abrió un debate sobre proporcionalidad, uso del poder judicial y límites de la autoridad en Tamaulipas.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Contreras López, reconoció que estos episodios suelen presentarse “al calor de los ánimos”, pero insistió en que será el magistrado regional quien determine si la sanción fue correcta o si la jueza actuó con exceso.
Contreras López afirmó que el Poder Judicial es respetuoso del derecho de audiencia y que las “puertas del Tribunal están abiertas”, aunque subrayó que los jueces tienen la facultad de mantener el orden en las salas. Sin embargo, evitó responder directamente si la sanción —equivalente a 5 mil salarios mínimos— fue desproporcionada: “No lo sé; el magistrado lo valorará”, dijo.
La titular del STJE confirmó que el caso aún no ha ingresado como queja ante el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano producto de la reforma judicial que precisamente busca evitar abusos y aclarar conductas indebidas de jueces y magistrados.
Esto deja la revisión del caso únicamente en manos del magistrado regional que, en segunda instancia, deberá analizar:
Las circunstancias de la audiencia
Los presuntos actos de la abogada
La proporcionalidad de la multa.
Mientras tanto, organizaciones y colegios de abogados en el estado han calificado la decisión como excesiva e inédita, advirtiendo que una sanción de este calibre podría convertirse en un precedente de intimidación para litigantes que cuestionen criterios judiciales.
La crítica no se centra únicamente en el monto, sino en el mensaje que envía:
¿se está castigando una falta de respeto… o inhibiendo la defensa técnica y la libertad de expresión dentro de una audiencia?
La propia magistrada presidenta admitió que el sistema judicial tamaulipeco enfrenta “muchas áreas de oportunidad, desafíos y retos”. Este caso, lejos de ser un incidente aislado, evidencia:
La urgencia de criterios claros de sanción,
La necesidad de transparencia y control interno,
Y la importancia de construir un Poder Judicial que no confunda orden procesal con uso punitivo del poder.
Por ahora, la resolución queda en manos del magistrado regional. Pero la pregunta permanece en el aire: ¿Fue una medida necesaria para proteger la solemnidad judicial… o un ejemplo de autoridad llevada al límite?
Barras de abogados de diversas ciudades de la entidad han externado la actuación de la juez por su conducta quien era fiscal en Matamoros.
Afirmaron que la abogada que multó, sin duda hará valer sus recursos legales. Efectuó argumentación fundada y motivada que la juez ni por cortesía, obligación y decoro no levantó su vista hacia ella.
Quizá alguna autoridad superior, remedie esa ignorancia altanera de esa multa excesiva. En eso si tendrá su primer lugar estatal y quizá nacional y pasará a la historia del poder judicial.