Defensa de García Luna apela sentencia

Nueva York, EU.- La defensa del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presentó una apelación formal contra el juicio y la condena de 38 años de prisión que le fue impuesta, al considerar que durante el proceso se vulneró su derecho al debido proceso. Entre los principales señalamientos destacan el uso de testimonios presuntamente falsos y la supuesta ocultación de pruebas que podrían haberlo favorecido.

En un escrito de 78 páginas, acompañado de 22 anexos que suman cerca de cuatro mil 600 hojas, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib exponen cinco líneas centrales de argumentación con las que sostienen que el juicio quedó “irremediablemente viciado”, por lo que solicitan su anulación o, en su defecto, que se repita.

Tal como se había anticipado, la apelación fue presentada de manera oficial el 18 de diciembre, fecha límite tras una prórroga otorgada al exfuncionario. La defensa señaló que el proceso se retrasó debido a diversas complicaciones, como los constantes traslados de centro penitenciario y periodos de incomunicación de García Luna.

El siguiente paso será que la Fiscalía analice los planteamientos de la defensa y responda a cada uno mediante un nuevo documento que será turnado a la Corte. Posteriormente, los abogados tendrán la oportunidad de replicar antes de que la Corte de Apelaciones emita una resolución definitiva.

Cabe recordar que en febrero de 2024 un jurado encontró culpable a García Luna de cinco delitos relacionados con narcotráfico, tras un juicio de más de un mes celebrado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Seis meses después, el juez Brian Cogan dictó una sentencia de 38 años de prisión y una multa de dos millones de dólares, resolución que ahora es impugnada en su totalidad.

Entre los argumentos centrales de la apelación se encuentra la presunta falsedad de testimonios clave. La defensa asegura que dos testigos incurrieron en perjurio al declarar bajo juramento. Uno de ellos es el ex agente federal Francisco Cañedo Zavaleta, quien afirmó que García Luna fue secuestrado por sicarios de los Beltrán Leyva en la carretera México-Cuernavaca. Los abogados sostienen que existen pruebas no consideradas que demuestran que ese día el exfuncionario se encontraba en un hospital, pagando un tratamiento médico de su esposa.

Además, señalan que Cañedo habría mentido sobre la corporación a la que pertenecía y que su relato tuvo fines políticos, pues nunca denunció el supuesto secuestro ante autoridades, sino que lo difundió a través de una legisladora de oposición y un medio de comunicación.

El otro testigo cuestionado es Héctor Villarreal, ex secretario de Finanzas de Coahuila, quien declaró sobre presuntos sobornos y tráfico de influencias. La defensa afirma que su testimonio contiene inconsistencias temporales y hechos imposibles, como visitas a instalaciones que aún no existían o demostraciones de tecnología que nunca fue adquirida por la dependencia correspondiente.

Según los abogados, estas y otras contradicciones desacreditan por completo los testimonios utilizados en el juicio, lo que refuerza su petición de que el proceso sea invalidado o reiniciado.