Plan contra el reclutamiento infantil
Ciudad de México.- Durante los próximos cuatro años, el Gobierno de México enfocará sus esfuerzos en frenar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones delictivas, así como en reducir los homicidios que afectan a este grupo de la población.
Así lo establece el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (Pronapinna), documento que plantea como uno de sus ejes centrales la protección de menores frente a las distintas formas de violencia presentes en los entornos donde crecen y se desarrollan.
El plan gubernamental contempla reforzar los mecanismos de protección ante violaciones a los derechos humanos de la niñez y adolescencia relacionadas con su captación o utilización en actividades criminales, con el objetivo de garantizar su protección integral y la restitución de sus derechos.
Para alcanzar estas metas, se prevé una estrategia integral con acciones focalizadas en los municipios donde este fenómeno es más recurrente, a fin de ampliar el acceso a oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los menores. Asimismo, se subraya la importancia de reconocerlos como víctimas para facilitar su reintegración social.
El programa también establece como prioridad la implementación de medidas legales que prohíban y sancionen de manera expresa el reclutamiento de menores. Funcionarios involucrados en la elaboración del documento señalaron que, sin cambios en el contexto social y familiar, resulta difícil que los jóvenes resistan la influencia del crimen organizado, el cual suele ofrecerles beneficios económicos inmediatos pero de corta duración.
Entre las metas del Pronapinna se incluye la reducción de la pobreza extrema, de las lesiones derivadas de la violencia familiar y de los homicidios entre la población infantil y adolescente. De igual forma, se busca ampliar el acceso a servicios de salud, fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes, e incrementar el uso de internet entre menores de 6 a 11 años.
En materia de seguridad, el programa contempla acciones para prevenir la violencia, modificar conductas que la normalizan o toleran, y garantizar atención integral a quienes ya han sido víctimas, asegurando su acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.
El Pronapinna reúne las acciones prioritarias para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, e integra propuestas de este sector, así como de representantes de los ámbitos público, social y privado. El documento se estructura en cuatro objetivos, 23 estrategias, 169 líneas de acción, ocho indicadores y la participación de 72 dependencias, incorporando por primera vez a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Agencia de Transformación Digital.
De acuerdo con el diagnóstico nacional, en México viven alrededor de 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan diversos retos, siendo la pobreza uno de los más graves. Actualmente, cerca del 38.7 por ciento de esta población se encuentra en dicha condición, lo que representa aproximadamente 14 millones de menores de 18 años.
El documento advierte que la pobreza tiene una incidencia mayor en la niñez y adolescencia, especialmente en la primera infancia, etapa en la que los riesgos son más elevados y sus efectos pueden prolongarse a lo largo de la vida. Asimismo, señala que las violencias dejan secuelas profundas en los menores, afectando su bienestar emocional y limitando su desarrollo integral.
Por ello, el programa destaca la necesidad de un enfoque integral que combine prevención, atención y acceso a la justicia, abordando las causas estructurales de la violencia, promoviendo entornos seguros y garantizando la protección inmediata de las víctimas.
En el sexenio anterior, la Secretaría de Gobernación identificó a 18 entidades del país como zonas con alto riesgo de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. El diagnóstico advierte que esta práctica suele derivar en la pérdida de libertad, dignidad e incluso de la vida de los menores, impactando gravemente el tejido social.
Las actividades asignadas a niñas, niños y adolescentes dentro de estos grupos van desde tareas consideradas menores, como mensajería, hasta funciones de alto riesgo, como sicariato o apoyo en la desaparición de cuerpos, además de otras conductas como halconeo, transporte de sustancias ilícitas, explotación sexual, robo, venta de drogas y secuestro.
El documento concluye que la crisis de seguridad ha impactado de manera directa a la niñez y adolescencia en México, ya sea como víctimas o como participantes forzados, y subraya que aún falta dimensionar plenamente el alcance y las consecuencias de este fenómeno en el país.