
Venezuela.- Tres tanquetas del Ejército colombiano fueron colocadas por el gobierno de Gustavo Petro en el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Los blindados imponentes están visibles para todos los que cruzan hacia el estado de Táchira, una imagen que busca proyectar fortaleza frente a lo ocurrido en Caracas, pero que no pasa de ser una pantomima.
Después de unas horas en el lugar, uno se puede dar cuenta que no hay revisiones a los vehículos que ingresan desde Venezuela a territorio colombiano, no se inspeccionan cargas ni pasajeros, y no existe un control real sobre lo que cruza la frontera.
La vigilancia, aunque aparente, es sólo disuasiva, una puesta en escena que no aporta nada más a la seguridad, mientras por ese mismo paso puede ingresar cualquier tipo de cosa.

Una frontera que alberga el dolor y la espera
Bajo la sombra de esas tanquetas, la frontera volvió a convertirse en escenario de dolor y espera. En el puente internacional Simón Bolívar, del lado colombiano, familiares de personas detenidas en Venezuela por razones políticas se manifestaron para exigir respuestas. No llegaron a hacer ruido ni a bloquear el paso. Llegaron a romper el silencio.
Aquí, donde dos países se tocan sin abrazarse, hay familias que no cruzan, esperan noticias, esperan respuestas, esperan saber si sus seres queridos siguen vivos.
Entre ellos está Jhonatan Girardo Vallejo, quien denuncia la detención de su padre, Javier Girardo.
“Estamos aquí en la frontera con Venezuela, muy cerca del paso fronterizo luchado por el régimen. Mi papá, Javier Girardo, está enfermo y detenido en la cárcel El Rodeo desde hace tres años y cinco meses por traición a la patria. Es el mismo libreto que ellos tienen”, afirma.
Una acusación que, según los familiares, se repite una y otra vez como justificación para encarcelamientos prolongados sin información clara.
El silencio que rodea estos casos no sólo duele, también encarcela. Es un silencio que cruza la frontera todos los días.

Mirian del Carmen vive atrapada en esa incertidumbre desde hace una década. Su hijo, Alberto Guzmán, desapareció hace 10 años tras ser arrestado por autoridades venezolanas, acusado de espionaje.
Denuncia que le exigieron más de 10 mil dólares para dejarlo en libertad, pero al no reunir la suma fue encarcelado. Desde entonces no lo ha vuelto a ver ni ha recibido información oficial sobre su paradero.
“Cuando uno va a la cárcel hay personas con los mismos apellidos. Yo quiero pedir que Cancillería me confirme que realmente es mi hijo, que si está vivo”, dice. Asegura que la única señal que ha tenido fue la llamada de un abogados”, narró la mujer desesperada por encontrar a su hijo.