La Caldera
.Editorial ADC Chihuahua.
✦MARU VS FUNCIONARIAS BUCHONAS
No son muchas las ocasiones en que la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, se muestra visiblemente contrariada por los acontecimientos que sacuden a la entidad. Sin embargo, ayer lo estuvo. Y mucho.
La molestia de la mandataria quedó reflejada tras lo ocurrido en los primeros minutos del año, cuando dos presuntas funcionarias del municipio de Guadalupe y Calvo realizaron disparos al aire, una práctica prohibida, que además se agrava al haberse hecho —según la evidencia difundida— con armamento de uso exclusivo del Ejército, lo que configura un delito grave que puede alcanzar hasta 30 años de prisión.
Campos Galván fue clara al señalar que quienes ejercen funciones públicas deben ser ejemplo, contribuir desde sus trincheras a la armonía, la legalidad y la seguridad de sus municipios.
Lo ocurrido, dijo, va exactamente en sentido contrario y, de manera deliberada o no, abona a la apología del crimen organizado, utilizando armas cuyo origen nadie ha explicado y que, por sí mismas, generan temor e incluso psicosis en la población.
Las funcionarias, señaló, conocen el impacto social de este tipo de actos y, aun así, no les importó. “Es muy lamentable que esto ocurra en un municipio gobernado por Morena, mientras todos hacemos un esfuerzo por pacificar al estado y al país”, puntualizó la gobernadora.
Ayer mismo se informó que la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, difundió un comunicado oficial en el que aseguró que las personas que aparecieron en videos y fotografías publicadas en estados de WhatsApp no forman parte de su administración municipal. Más aún, intentó culpar a la oposición de fabricar las escenas con fines políticos.
La versión oficial se cae por su propio peso: fueron las mismas involucradas quienes difundieron y luego eliminaron las evidencias, en un caso que huele claramente a encubrimiento.
La Fiscalía General del Estado solicitó a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso por tratarse de un delito federal. No obstante, también se anticipa que difícilmente ocurrirá, tratándose de un municipio gobernado por Morena.
Habrá que ver si la gobernadora, ahora visiblemente molesta, solicita formalmente la intervención federal en la Mesa de Seguridad, donde participan las autoridades nacionales.
✦EJÉRCITO BLINDA LA SIERRA; ESTATAL SE NIEGA
Por cierto, en la comunidad de Atascadero, perteneciente a Guadalupe y Calvo y prácticamente enclavada en el Triángulo Dorado, el Ejército Mexicano desplegó un operativo especial ante la posibilidad de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
Es positivo que exista presencia militar. Esa región —y otras del estado— la requieren con urgencia. El activismo criminal es intenso y persistente.
Seguramente los militares cuentan con información de inteligencia sobre movimientos de estos grupos y el alto riesgo que representan para una población que, hasta ahora, se encontraba desprotegida.
Lo extraordinario del caso es la ausencia de la Policía Estatal y de otras corporaciones civiles, que normalmente participan en operativos conjuntos.
Trascendió que la Policía Estatal se negó a intervenir, argumentando falta de elementos suficientes para cubrir la zona.
✦PAN RECHAZA REFORMA ELECTORAL
En otro tema, la dirigencia estatal del PAN anticipó su rechazo a la Reforma Electoral, al considerar que atenta contra la democracia y busca perpetuar a Morena en el poder.
La presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez, sostuvo que la reforma, en lo que hasta ahora se conoce, debilita a los partidos de oposición, reduce el número de legisladores plurinominales y, sobre todo, recorta las prerrogativas.
Las minorías quedarán sin representación, lo que es muy delicado, y la oposición pulverizada, casi a cero, sin posibilidades reales para ofrecer competencia contra el régimen.
Lo más grave, advirtió, es el intento de acotar al Instituto Nacional Electoral, restándole autonomía y presupuesto para convertirlo en una oficina más del Gobierno Federal al servicio de Morena.
Una reforma que, dijo, se acelera para aprobarse al vapor, sin debate, sin discusión y sin consulta, como ha ocurrido con otras reformas estructurales en donde se impone la “aplanadora guinda”.