Ordenan pasar caso Corral a la federación
Chihuahua, Chih.- Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua determinó que el proceso penal en contra del senador y exgobernador Javier Corral deberá ser conocido por instancias federales, al resolver que el caso por presunto peculado salga del ámbito local.
La decisión fue confirmada por el despacho Schütte & Delsol, el cual informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025, estableciendo que corresponde al fuero federal investigar las acusaciones relacionadas con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas.
De acuerdo con los abogados del exmandatario, la Fiscalía General de la República ejerció su facultad de atracción sobre la carpeta iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, determinación que previamente ya había sido avalada por dos jueces federales.
Luego de varias horas de audiencia, el Tribunal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción estatal y al juez de control local retirarse del conocimiento del asunto y entregar el expediente a las autoridades federales, por lo que será la FGR —actualmente encabezada por Ernestina Godoy— la encargada de continuar con la investigación.
La defensa de Corral argumentó que en el ámbito estatal no existían condiciones para garantizar el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño. Asimismo, sostuvo que las acusaciones en su contra carecen de sustento y calificó el caso como una fabricación indebida por parte de autoridades estatales.
El origen del proceso se remonta a noviembre pasado, cuando Javier Corral solicitó formalmente que el asunto fuera atraído por la justicia federal, luego de que en agosto de 2024 se intentara ejecutar una orden de detención en su contra, días antes de asumir su cargo como senador y adquirir fuero constitucional.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua señala un presunto desvío de recursos derivado de un contrato por 98.6 millones de pesos, firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, cuyo objetivo era la reestructuración de la deuda pública del estado.
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