
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió posponer el análisis de tres proyectos de sentencia cuya resolución tendrá efectos tanto en la Ciudad de México como en el resto del país. Asimismo, el máximo tribunal rectificó un error ocurrido en la sesión del jueves pasado, cuando por un conteo incorrecto de votos se anunció la aprobación de una propuesta que finalmente no alcanzó los sufragios necesarios.
Durante la sesión de este día se informó el retiro del estudio de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos en contra del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, relacionado con el tema de los desalojos en la capital. En dicho proyecto, la ministra María Estela Ríos González planteaba validar la reforma.
La decisión de aplazar el análisis se dio en medio de protestas de integrantes del Frente Anti-gentrificación Ciudad de México y del Congreso Popular, quienes bloquearon durante más de tres horas los accesos al edificio de la Corte al manifestar su rechazo a la propuesta. Ante esta situación, una comisión de manifestantes fue recibida previo al inicio de la sesión.

De igual forma, fueron retirados dos proyectos presentados por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en los que se establece que la Fiscalía General de la República no puede asegurar bienes inmuebles sin una orden judicial. Los casos se originaron a partir de aseguramientos realizados por la FGR sin autorización de un juez, bajo el argumento de que ciertos terrenos ubicados en Santa Fe pertenecen a la nación.
Además, quedó pendiente una contradicción de criterios, también a cargo de la ministra Ríos González, quien sostiene una postura distinta a la de Esquivel Mossa al considerar que las fiscalías sí pueden realizar aseguramientos sin necesidad de una orden judicial.

Finalmente, el secretario de acuerdos de la Corte, Daniel Álvarez Toledo, dio lectura al acta de la sesión del pasado 15 de enero para aclarar que no se alcanzó la votación requerida para aprobar un proyecto presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Dicho proyecto proponía establecer que los trabajadores sindicalizados o de confianza de la Comisión Federal de Electricidad que no hubieran solicitado previamente su pensión por jubilación ante el sindicato o la propia comisión no tendrían derecho al pago retroactivo de la misma.