
Ciudad de México.- Por consenso unánime, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos avalaron una reforma constitucional que propone reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, lo que beneficiaría a alrededor de 13.5 millones de personas trabajadoras.
La iniciativa fue turnada al Congreso el pasado 3 de diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla modificaciones al artículo 123, Apartado A, de la Constitución. El proyecto establece una aplicación paulatina de la medida entre los años 2026 y 2030, con un enfoque centrado en la salud pública, el bienestar social y el respeto a la dignidad laboral.
El dictamen, aprobado en comisiones con 48 votos a favor, subraya que la reforma busca modernizar un modelo laboral con más de un siglo de antigüedad. También reconoce que México se encuentra entre los países con mayor carga de trabajo a nivel mundial, sin que ello se traduzca en mayor productividad ni en mejores condiciones de vida.
Durante la discusión, la senadora de Morena, Martha Lucía Micher, defendió la iniciativa al señalar que mientras el 6.6% de la población económicamente activa trabaja menos de 15 horas semanales, el 24% labora más de 48 horas. Advirtió que el exceso de trabajo provoca estrés, disminuye la concentración y aumenta las enfermedades crónicas y los accidentes laborales, problemas identificados desde el siglo XIX como riesgos para las personas trabajadoras y sus familias.

Por su parte, el senador del PT, Alejandro González Yáñez, expresó su respaldo a la reforma, aunque cuestionó que no se haya establecido de forma explícita el derecho a dos días de descanso por semana, señalando que ello debió quedar claramente estipulado por razones éticas y parlamentarias.
Aunque PRI y PAN manifestaron su apoyo a la reducción de la jornada laboral, ambos partidos advirtieron que la reforma podría quedarse en una simulación si no se garantiza un descanso efectivo de dos días y se limita de manera estricta el uso de horas extra.
Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano afirmó que su bancada respalda la propuesta por coherencia histórica con los derechos laborales, pero alertó que una reducción de horas sin atender factores como el transporte, la salud y el esquema de trabajo extraordinario no resolvería el agotamiento laboral. Por ello, su partido propuso una jornada máxima de 49 horas semanales y un límite de nueve horas extras.
En el mismo sentido, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, calificó la reforma como “justa y humana”, aunque advirtió que permitir hasta 12 horas extras podría perpetuar la jornada laboral de lunes a sábado. También criticó la gradualidad hasta 2030 y acusó al oficialismo de retrasar la implementación de reformas laborales previamente aprobadas.
Ambos grupos parlamentarios anticiparon su voto a favor en lo general, pero insistieron en que, sin ajustes, la reforma podría no generar un beneficio real para las y los trabajadores.
Durante el análisis se destacó que México es uno de los países con mayor número de horas trabajadas al año, con un promedio superior a las dos mil 100 horas, cifra que supera ampliamente el promedio de los países de la OCDE. Además, el 27% de la población ocupada labora más de 48 horas semanales, el porcentaje más alto entre los países miembros del organismo.
Las comisiones señalaron que esta situación impacta directamente en la salud física y mental de las personas trabajadoras. El dictamen reconoce al estrés laboral como un problema estructural de salud pública y retoma estudios de la OMS y la OIT que relacionan las jornadas extensas con un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, agotamiento profesional y trastornos psicosociales.

Incluso, se destaca que el 75% de la población trabajadora en México presenta algún nivel de estrés laboral, lo que coloca al país en el primer lugar mundial en este rubro. Además, se estima que una cuarta parte de los infartos anuales está vinculada a factores laborales.
Para evitar afectaciones abruptas a la economía y a los procesos productivos, la reforma establece que la reducción de la jornada se implementará de manera gradual entre 2026 y 2030, tomando como referencia experiencias internacionales como las de Chile, Colombia y Corea del Sur.
El dictamen garantiza que la disminución de horas no implicará una reducción salarial y redefine las reglas del trabajo extraordinario. Se permitirán hasta 12 horas extras semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días, con un pago adicional del 100%, y de hasta 200% cuando se rebasen esos límites.
Asimismo, se endurecen las restricciones al trabajo extraordinario en menores de edad, ampliando la prohibición hasta los 18 años. Se mantiene también el derecho constitucional a un día de descanso por cada seis días laborados, con goce de salario íntegro.
Las comisiones señalaron que el objetivo de la reforma es avanzar hacia un modelo que priorice el equilibrio entre la vida laboral y personal, fortalezca el tejido familiar y social, y rompa con la idea de que trabajar más horas se traduce en mayor productividad.
Finalmente, el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva para continuar con el proceso legislativo correspondiente.