La Caldera
.Editorial ADC Chihuahua.
* SINALOA Y CHIHUAHUA EN NADA SE PARECEN
POR lo menos en lo hipotético, el Gobierno Federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), busca equiparar el caso de Sinaloa con el de Chihuahua, cuando en realidad se trata de escenarios diametralmente opuestos.
En Chihuahua se llevó a cabo una acción relevante contra el crimen organizado con la destrucción de un megalaboratorio de metanfetaminas, con o sin la participación de agentes de la CIA.
En Sinaloa, en cambio, el gobernador, el alcalde de Culiacán y ocho funcionarios más enfrentan acusaciones formales en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Desde luego, el Gobierno Federal sabe que no existe tal paralelismo, pero intenta construirlo, no por soberanía ni por narrativas ya desgastadas, sino como un distractor ante la crisis de la teoría del narcogobierno. Chihuahua y Sinaloa no pueden ser moneda de cambio.
Desde la mañanera, la 4T ha continuado el linchamiento político contra Chihuahua por el tema de la participación de la CIA.
Tan es así que la FGR anunció que citó a declarar a 50 agentes estatales que participaron en la destrucción del megalaboratorio, para conocer si sabían de la presencia de agentes de la CIA y cómo se vincularon con la Agencia Estatal de Investigación.
Es decir, se pretende someter a proceso a quienes combatieron al crimen organizado.
Entonces, la pregunta obligada es: ¿quién tenía realmente injerencia en el narcolaboratorio y en toda su operación, incluida la comercialización en Estados Unidos y Canadá? Eso es lo que debería investigarse.
Por otra parte, no se puede ignorar que en el operativo también participaron 50 militares, quienes no han sido citados, supuestamente porque no estaban enterados de la presencia de los agentes norteamericanos.
Entonces, ¿dónde queda la seguridad nacional y la soberanía que tanto se invoca, si todos responden “no sabía”?
Ni el Ejército, ni la presidenta y su gabinete de seguridad, ni la gobernadora, ni las fiscalías. Esto es delicado y ahora se recurre al síndrome del chivo expiatorio: alguien tiene que pagar los platos rotos en medio de la crisis de Sinaloa, otros estados que vendrán y una narrativa que intenta distraer incluso a los estadounidenses.
* MAYRA MUY APUNTADA
LA DELEGADA de Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, al menos debería ser prudente respecto a su posición institucional y su visión política.
Como funcionaria pública, no le corresponde vaticinar que Morena ganará las elecciones en Chihuahua; esa es tarea de su partido y sus actores políticos.
En la delegación ha realizado un buen trabajo, incluso mejor que el ahora senador Juan Carlos Loera, pero eso no la convierte en vocera de Morena en el estado.
Con la llegada de su exjefa, Ariadna Montiel, a la dirigencia nacional del partido guinda, aumentan sus posibilidades de aspirar a una candidatura, ya sea a la alcaldía de Ciudad Juárez o incluso a la gubernatura. Por ello, desde la lógica mínima, debería mostrar mayor mesura o, como dictan los cánones del morenismo, dejar el cargo e incorporarse de lleno al activismo político.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó claro: si se buscan candidaturas, hay que asumirlo y dejar los cargos públicos. Más claro, imposible.
* ANDREA EN CAÍDA LIBRE
POR CIERTO, en el nuevo escenario de la dirigencia de Morena, se reducen las posibilidades de la candidatura a la gubernatura para la senadora con licencia Andrea Chávez.
El llamado grupo Tabasco está debilitado por razones conocidas, y tanto la presidenta de México como la dirigente nacional de Morena buscan deslindarse antes de que llegue una eventual lista de extraditables desde Estados Unidos.
En contraste, se fortalecen figuras como Mayra Chávez y el alcalde fronterizo Cruz Pérez Cuéllar. Sin embargo, en política nadie está completamente descartado; Andrea Chávez pierde fuerza, pero sigue en la contienda.
El grupo Tabasco aún cuenta con mecanismos de presión y podría influir directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Basta recordar que, tras su visita a Palenque, Chiapas, horas después se dio —o se ordenó— la salida, vía licencia, del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.