
Morelos.- A más de un año de la muerte de Erick, el niño de 13 años que falleció tras ser golpeado durante un campamento de la academia militarizada Ollin, en Morelos, su madre, Erika Torbellín, sostiene que las autoridades incumplieron los compromisos asumidos para evitar que una tragedia similar volviera a repetirse.
En entrevista, aseguró que, después del caso de su hijo, sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que se planteó regular este tipo de instituciones e, incluso, eliminar el modelo militarizado en algunos planteles.
Sin embargo, afirma que ninguno de esos acuerdos se concretó.
"Habíamos quedado en que iban a regular este tipo de instituciones, que iban a hacer filtros y que, incluso, iban a erradicar este sistema militarizado. Pero veo que no se hizo nada", lamenta.

Para Erika, la muerte reciente de Dafne Zapata Pintos en otra academia militarizada confirma que las advertencias realizadas tras el fallecimiento de Erick fueron ignoradas.
"Tuvo que volver a pasar para que nos diéramos cuenta de que no hicieron lo que prometieron".
La madre sostiene que el problema no se limita al cierre de escuelas militarizadas, sino a la ausencia de controles sobre quienes trabajan con menores de edad.
Propone que las autoridades realicen inspecciones permanentes, verifiquen la preparación profesional de instructores y directivos, revisen los protocolos de actuación y, sobre todo, escuchen directamente a los alumnos.
"Muchas veces solamente hablan con los directivos. A los niños nadie les pregunta qué está pasando". Considera que las entrevistas con los estudiantes deberían realizarse de manera confidencial, pues muchos menores callan por miedo a represalias y porque, afirma, "existe un código de silencio".

Dos investigaciones abiertas
Actualmente existen dos carpetas de investigación por la muerte de Erick.
La principal se desarrolla en Morelos, donde ocurrió el campamento, y se investiga el delito de homicidio calificado. La segunda permanece abierta en la Ciudad de México por violencia familiar equiparada, debido a la relación de convivencia que existía entre los responsables y los menores dentro de la academia.
En Morelos permanecen detenidos Juan Carlos, identificado como fundador y director de la institución, y Angélica, responsable del área administrativa.

Además, existe una tercera orden de aprehensión contra una mujer identificada como Mariana, quien continúa prófuga.
"Acá también tenemos una Estrellita y hasta se parecen", comenta Erika al comparar ese caso con el de la mujer buscada por las autoridades en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Según diversos testimonios de menores, Mariana participaba en los castigos aplicados dentro del plantel. Aunque únicamente dos personas permanecen detenidas, Erika sostiene que al menos otras 10 participaron en las agresiones contra su hijo.
Afirma que varios actuaban con el rostro cubierto para evitar ser identificados y que los menores únicamente pudieron aportar algunos nombres, entre ellos Vanessa, Valeria, Mariano, Ale y Rodrigo.