Cárcel por impedir mutilación en niños
Ciudad de México.- En una sesión marcada por la intensidad del debate, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma penal que ha generado polémica y preocupación en diversos sectores de la sociedad. Con un total de 267 votos a favor, provenientes de partidos como Morena, PT, PVEM, MC y algunos representantes del PRI, 104 en contra, principalmente del PAN y otros del PRI, y 33 abstenciones, el dictamen fue avalado en lo general y ahora pasa al Senado de la República para su revisión final.
La reforma, que agrega un nuevo Capítulo (el IX) al Código Penal Federal bajo el título “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”, así como modificaciones a la Ley General de Salud para incluir sanciones relacionadas con estos delitos, ha suscitado un intenso debate en torno a sus implicaciones y alcances.
De acuerdo con lo establecido en el nuevo capítulo, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa económica a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Esta pena se duplicará si los actos se cometen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad, elevando la condena a cuatro a doce años de prisión y multas considerables.
Uno de los aspectos más debatidos y controvertidos de la reforma es su potencial implicación en situaciones donde se busca modificar la identidad de género de menores de edad. La posibilidad de que padres de familia, profesionistas y otros actores puedan enfrentar sanciones por obstaculizar tratamientos relacionados con la identidad de género de los menores ha generado preocupación y críticas por parte de diversos sectores.
Gabriel Quadri, diputado del Grupo Parlamentario del PAN, expresó su rechazo a la reforma, argumentando que, si bien es importante proteger la dignidad de las personas, esta medida podría llevar a la persecución y criminalización de quienes intentan orientar a los niños conforme a valores personales, morales y médicos. Asimismo, advirtió sobre el riesgo que representa para la sociedad el hecho de prohibir tratamientos psicológicos para personas con inclinaciones pedófilas, pederastas o zoofílicas.
El debate en torno a esta reforma ha puesto de manifiesto las divergencias ideológicas y éticas presentes en la sociedad mexicana, así como la necesidad de abordar estas cuestiones con sensibilidad y rigor jurídico. Ahora, la atención se centra en el Senado de la República, donde se definirá el destino final de esta controvertida reforma penal.