Investigan resort por presunto fraude
Irapuato, Guanajuato.- El caso del resort Kovay Gardens, ubicado en Nayarit, así como una presunta red de fraude en la venta de tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El funcionario detalló que la UIF indaga no solo al complejo turístico, sino también a 17 empresas y a cinco personas mexicanas presuntamente relacionadas con un esquema de fraude que operaba en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco. Indicó además que existe coordinación con la Office of Foreign Assets Control (OFAC), instancia del gobierno estadounidense que ya tomó medidas al respecto.
De acuerdo con lo señalado, la investigación continúa en curso y, en su momento, la UIF presentó —o presentará— la denuncia correspondiente ante la FGR, que será la encargada de informar sobre los avances. También se analiza si existen casos similares en otras entidades del país.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones financieras contra Kovay Gardens, 17 empresas y cinco ciudadanos mexicanos, por su presunta participación en este esquema fraudulento que habría afectado principalmente a ciudadanos estadounidenses.
Según las autoridades de ese país, a través de la OFAC se bloquearon activos del resort localizado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, por supuestamente facilitar operaciones relacionadas con el CJNG. El Federal Bureau of Investigation (FBI) estima que entre 2019 y 2023 cerca de seis mil víctimas en Estados Unidos habrían perdido alrededor de 300 millones de dólares.
Las investigaciones señalan a Carlos Humberto Rivera Miramontes como uno de los presuntos involucrados, junto con más de diez empresas vinculadas al complejo en Jalisco y Nayarit. También se menciona a otras personas identificadas por autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la OFAC, el CJNG habría operado complejos esquemas de fraude mediante centros de llamadas con personal que domina el inglés, dirigidos principalmente a adultos mayores en Estados Unidos, quienes eran convencidos de participar en supuestos beneficios de renta de tiempos compartidos. Entre las estrategias utilizadas se incluían llamadas automatizadas y promesas de ingresos por la renta de espacios no utilizados.