Plan B ante falta de votos
Ciudad de México.- Ante el posible rechazo de la reforma electoral constitucional en el Congreso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contempla un “Plan B” que permitiría impulsar cambios mediante modificaciones a leyes secundarias. Esta alternativa evitaría el requisito de mayoría calificada que exige la Constitución y permitiría avanzar con mayoría simple en el Poder Legislativo.
La propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados de México, pero enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios, ya que partidos aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México no han garantizado su respaldo. Especialistas señalan que, si la reforma constitucional no avanza, varios cambios podrían intentarse mediante leyes secundarias.
Entre los puntos centrales de la iniciativa destacan la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, que pasaría de calcularse con el 65% de la UMA a 48.75%, lo que implicaría una disminución cercana al 25% de los recursos.
También propone un nuevo sistema para asignar diputaciones plurinominales, donde la mitad se otorgaría a candidatos con alta votación que perdieron su distrito y la otra mitad mediante listas regionales; además, el Senado pasaría de 128 a 96 integrantes al eliminar escaños plurinominales.
La propuesta incluye representación para mexicanos residentes en el extranjero dentro del esquema de diputaciones proporcionales y plantea regular la propaganda electoral generada con inteligencia artificial, obligando a identificar contenidos manipulados en plataformas digitales, radio y televisión.
Asimismo, prevé una fiscalización financiera más estricta para partidos y candidatos, con reportes frecuentes sobre operaciones financieras, incluidos activos virtuales como criptomonedas, y refuerza la prohibición de financiamiento extranjero en campañas.
Otros aspectos contemplan nuevas reglas para consultas populares, donde no se permitiría contratar propaganda para influir en el resultado. También busca ampliar los mecanismos de democracia directa, como consultas, referéndum, plebiscitos y revocación de mandato, con un umbral mínimo de participación del 40% de la lista nominal para que los resultados sean vinculantes.
La iniciativa abre además la posibilidad de utilizar voto electrónico en consultas populares mediante tecnologías digitales y establece un límite salarial para autoridades electorales, de modo que consejeros, magistrados y funcionarios del sistema electoral no perciban sueldos superiores al de la Presidencia de la República, en línea con la política de austeridad del gobierno federal.
