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Ciudad de México.- La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que busca tipificar la desaparición forzada de personas como delito de lesa humanidad, además de fortalecer la participación de los colectivos de madres buscadoras en la toma de decisiones y crear un fondo de apoyo económico para estos grupos.
La propuesta fue presentada ante el Pleno y contempla reformas a seis ordenamientos, entre ellos la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la Ley General de Víctimas, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal.
El proyecto establece que la Cámara de Diputados deberá garantizar recursos suficientes para la atención de este tema, los cuales no podrán ser menores en términos reales a los asignados en el ejercicio anterior. También señala que la búsqueda de personas será una obligación permanente del Estado hasta esclarecer su paradero o destino.
Asimismo, plantea que las investigaciones no podrán suspenderse ni archivarse por la desaparición del caso, y que la búsqueda deberá iniciarse de manera inmediata, sin necesidad de una denuncia formal.

La iniciativa también endurece sanciones contra quienes oculten información, manipulen registros oficiales o difundan datos falsos que obstaculicen la localización de personas desaparecidas. Además, contempla penas de hasta 140 años de prisión para quienes participen en la privación de la vida de una persona en estos contextos.
De igual forma, establece la responsabilidad penal de servidores públicos y mandos castrenses que tengan funciones de control o mando efectivo en estos delitos.
En materia de derechos, reconoce a defensores y colectivos de búsqueda como actores clave en las políticas públicas, garantizando su protección, acceso a información y participación en las comisiones de búsqueda nacionales y estatales.

También prevé la creación de un Fondo de Apoyo a Colectivos de Personas Buscadoras, destinado a cubrir gastos de alimentación, hospedaje, herramientas, materiales y atención médica, con recursos equivalentes a un porcentaje del gasto programable anual.