FGR descarta persecución política contra Ruffo
México.- La Fiscalía General de la República (FGR) negó que la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, esté motivada por razones políticas, y sostuvo que las acciones en su contra derivan de su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La institución, encabezada por Ernestina Godoy, afirmó que el proceso se lleva a cabo conforme a la ley, sin sesgos, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos. Subrayó que Ruffo no es investigado por sus posturas políticas, sino por posibles conductas ilícitas.
De acuerdo con la FGR, el caso se originó tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, los cuales representaban un riesgo debido a las altas temperaturas y a la incertidumbre sobre el contenido que transportaban. A partir de este hecho, se realizaron inspecciones, toma de muestras y diversos peritajes para identificar la sustancia y asegurar los indicios.
Las investigaciones se ampliaron más allá del hallazgo inicial, permitiendo detectar otros ferrotanques con características similares en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, donde se identificaron irregularidades en la importación, ya que solo se declaraba una fracción del contenido real. Esto permitió reconstruir la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible.
La Fiscalía explicó que, con el análisis de documentos como pedimentos, facturas, cartas porte e información ferroviaria, se logró ubicar a la empresa importadora principal: Ingemar, S.A. de C.V., constituida en 2018 en la Ciudad de México por José Merino Valdés Cuervo y otras sociedades.
Según las indagatorias, Ruffo Appel se integró a la empresa meses después de su creación y, para 2021, ya figuraba como accionista y secretario del Consejo de Administración, participando en decisiones estratégicas, representación legal y operaciones vinculadas al comercio exterior y manejo de hidrocarburos.
La FGR señaló que tanto Ruffo como José Merino intervinieron en diversos actos corporativos, incluyendo modificaciones societarias y gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, lo que fortaleció las sospechas sobre su posible implicación en la red investigada.
Además, se detectó que la empresa amplió sus actividades hacia el almacenamiento, importación, exportación y transporte de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias, lo que cobró relevancia dentro de la investigación.
Hasta el momento, la Fiscalía ha reunido 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales en química, ingeniería, fotografía y criminalística, con el fin de determinar las características del combustible, la capacidad de los ferrotanques y la relación entre los indicios encontrados.
La dependencia indicó que inicialmente se estimó un daño fiscal superior a los 100 millones de pesos por el contrabando detectado en 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025. Sin embargo, tras el cruce de información con autoridades aduaneras y fiscales, se identificaron más de cuatro mil operaciones irregulares durante ese año, lo que podría elevar el perjuicio a más de 4 mil millones de pesos.
Finalmente, la FGR recordó que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que el exgobernador permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, mientras continúan las investigaciones.