EU reactiva deportaciones aceleradas
Estados Unidos.- Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a reactivar las deportaciones aceleradas en todo el país, un mecanismo que permite expulsar a ciertos migrantes en situación irregular en cuestión de días y sin la intervención de un juez de inmigración.
La resolución representa un respaldo para la administración republicana, que ha impulsado este procedimiento como parte central de su estrategia de deportaciones masivas.
Las llamadas deportaciones aceleradas consisten en un proceso administrativo que faculta a las autoridades migratorias a ordenar la expulsión rápida de personas indocumentadas sin un juicio completo. Tradicionalmente, este mecanismo se aplicaba a migrantes detenidos cerca de la frontera poco después de ingresar al país, pero en enero el gobierno de Trump amplió su alcance para que pudiera utilizarse en cualquier punto del territorio estadounidense.
Bajo este esquema, los agentes migratorios pueden detener a una persona, revisar su estatus y ordenar su deportación en un corto periodo, sin necesidad de comparecer ante un tribunal. Sin embargo, se contempla una excepción para quienes puedan demostrar que han permanecido en Estados Unidos por más de dos años, quienes podrían acceder a un proceso migratorio ordinario.
La decisión judicial fue emitida por un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que revocó una suspensión previa dictada por una jueza federal. Dos de los tres jueces votaron a favor de permitir nuevamente la aplicación ampliada del mecanismo.
El tribunal argumentó que los migrantes reciben notificación del procedimiento y la oportunidad de responder, por lo que consideró que no se vulnera el derecho al debido proceso. Además, determinó que las autoridades migratorias no están obligadas a proporcionar asesoría legal a los detenidos.
La medida fue cuestionada por organizaciones defensoras de derechos de migrantes, que advierten que este sistema puede derivar en deportaciones erróneas, incluyendo casos de personas que ya llevaban años viviendo en el país y que aun así fueron sujetas a procesos acelerados.
Los grupos civiles señalan que la ampliación del mecanismo reduce las garantías de defensa y aumenta el riesgo de errores en decisiones de expulsión.
Por su parte, el gobierno de Donald Trump defendió la decisión judicial, asegurando que el programa cuenta con salvaguardas para evitar abusos y que permitirá agilizar la atención de casos de migración irregular.
El tema podría continuar en disputa legal en los próximos meses, mientras se analizan los alcances de las facultades del gobierno federal en materia migratoria.