
Veracruz.- En el norte de Veracruz, particularmente en la Huasteca y el Totonacapan, la violencia se ha intensificado debido a la disputa territorial entre Grupo Sombra (Mafia Veracruzana), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Gente Nueva, brazo del Cártel de Sinaloa. Estas organizaciones criminales no solo pelean por el tráfico de drogas, sino también por el cobro de piso, la extorsión a comercios y restaurantes, la trata de personas, el robo de combustible y de gas, así como el secuestro de empresarios y políticos.
Las comunidades viven bajo un clima de miedo. Comerciantes, taxistas, polleros, panaderos y hasta pequeños negocios familiares son obligados a pagar cuotas semanales o mensuales. Los sicarios, en su mayoría jóvenes reclutados de colonias marginadas, actúan con violencia e improvisación, a menudo bajo la mirada indiferente de las autoridades locales. Incluso en los mercados tradicionales, como el Héroes del 47 en Tuxpan, nadie escapa a este “impuesto criminal”.

La violencia se refleja en ejecuciones masivas, cuerpos abandonados en carreteras o hieleras, ataques a bares y extorsiones desde el penal de Tuxpan, donde recientemente un motín y el uso de drones con explosivos dejaron en evidencia el control de los cárteles incluso dentro de las cárceles. Testimonios señalan la colusión de policías municipales y estatales con los grupos criminales, lo que complica el combate a la delincuencia.
El hallazgo de fosas clandestinas, como La Gallera y Totolapa en Tihuatlán, con miles de fragmentos óseos y decenas de cuerpos, evidencia la magnitud de la crisis. Veracruz es actualmente el tercer estado del país con más desaparecidos, con al menos 6,994 casos registrados oficialmente, aunque colectivos de búsqueda aseguran que la cifra supera los 10 mil.

En los últimos meses, hechos como la masacre de 18 personas en Poza Rica y la ejecución de un agente de tránsito señalado como enlace entre el CJNG y policías locales, han puesto en relieve que la guerra no solo es entre cárteles, sino también dentro de las corporaciones de seguridad.
A pesar de que el gobierno federal y estatal han anunciado operativos y refuerzos de la Guardia Nacional, en la región persiste la percepción de que la estrategia de seguridad es insuficiente. Mientras tanto, los habitantes recurren a la fe —ya sea la Santa Muerte o el Cristo de Tihuatlán— como única forma de protección en un territorio marcado por la violencia, la extorsión y la desaparición de personas.