Sobrevivientes dejan justicia en manos de Dios
Tamaulipas.- Sobrevivientes del derrumbe de la iglesia de la Santa Cruz, en Madero, Tamaulipas, decidieron renunciar a buscar justicia por las 12 personas que perdieron la vida el 1 de octubre de 2023 durante un bautizo comunitario, tras conocer que el dictamen oficial no encontró delito que perseguir. Ante esta situación, optaron por encomendar el caso a la justicia divina, dejando atrás la esperanza de recibir reparación legal.
El trágico colapso dejó también más de 60 personas heridas, incluyendo niños y adultos de distintas edades y procedencias. La tragedia puso de relieve la vulnerabilidad estructural de edificios religiosos antiguos y la ausencia de protocolos claros de protección civil en la zona.
La Fiscalía de Tamaulipas concluyó que la caída del techo se debió al paso del tiempo, la humedad y la salinidad del área, sin intervención de terceros ni dolo de ninguna persona. Esta resolución fue respaldada por un juez penal, lo que llevó a los afectados a no continuar con apelaciones ni amparos, priorizando su salud emocional y su duelo.
El abogado Roberto Ramírez Padilla denunció que hubo graves irregularidades en la investigación, ya que no se citó al párroco ni a Protección Civil, ni se realizaron peritajes completos que pudieran determinar responsabilidades. La parroquia, edificada hace 50-55 años, carecía de planos, memorias técnicas y licencias de construcción; su techo era de loza con estructuras geométricas débiles. La Comisión Nacional de Derechos Humanos coincidió en que el Ministerio Público actuó de manera deficiente.
El vicario general de la Diócesis de Tampico, Daniel Zapata Huesca, afirmó que, según la investigación, el colapso fue un accidente comparable a un tornado o huracán, y que no había responsabilidad penal que atribuir. Sin embargo, reconoció la falta de supervisión histórica de la parroquia, que nunca recibió inspecciones formales de Protección Civil.
Tras la tragedia, la comunidad y la iglesia unieron esfuerzos para levantar un nuevo templo provisional y un memorial en honor a las víctimas. El memorial incluye una caída de agua simbólica que representa el bautismo que se celebraba el día del colapso. La reconstrucción contó con la participación activa de la comunidad local, que donó materiales, mano de obra y apoyo económico.
A pesar de los esfuerzos, varios sobrevivientes siguen enfrentando secuelas físicas y económicas. Algunos requieren cirugías y rehabilitación prolongadas, mientras que otros han tenido que buscar empleos informales para subsistir, como lavar coches o realizar mandados. El padre Ángel Santiago Vargas Uribe reconoció que el dolor emocional permanecerá por siempre y espera que con el tiempo la comunidad logre sanar.
La Secretaría de Gobernación, tras el accidente, solicitó inspecciones en todos los templos de la zona, reforzando estructuras y garantizando medidas de seguridad en edificaciones similares, como la parroquia Cristo Resucitado, que estuvo cerrada alrededor de un año para su revisión. Además, se creó un grupo de arte sacro para supervisar nuevas construcciones y garantizar que cumplan con los lineamientos de ingeniería civil y consideraciones litúrgicas.
Este aniversario resalta no solo la tragedia y la pérdida de vidas, sino también la falta de protocolos y supervisión en edificaciones religiosas antiguas, así como la resiliencia de la comunidad y de los sobrevivientes que, a pesar de la desilusión con la justicia humana, buscan seguir adelante.