
Chihuahua, Chih.- La salida temporal de Abraham Alejandro F. D., padrastro acusado del homicidio y violación equiparada del niño Jasiel Giovanny N., del Cereso Femenil hacia la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) fue considerada “totalmente irregular” por Ernesto Avilés, vocero de la Federación Estatal Chihuahuense del Colegio de Abogados.
El especialista puso en duda la legalidad y la necesidad del traslado, que terminó en un enfrentamiento personal con la madre de la víctima, lejos de los cauces procesales establecidos.
Aunque la Fiscalía, mediante su vocera Heidi Rodríguez, defendió la medida como parte normal de la “etapa de investigación complementaria”, expertos en derecho penal insisten en que este tipo de diligencias fuera de audiencia carecen de respaldo legal.

La autorización judicial fue solicitada para supuestas “diligencias de carácter judicial o ministerial” dentro del Sistema Penitenciario, pero el destino final fue la FDZC. El pasado 10 de octubre, el imputado fue trasladado desde el penal femenil de Aquiles Serdán con permiso del juez de Control Luis Simental, correspondiente a la Causa Penal 2768/2025.
Sin embargo, en lugar de realizar diligencias formales, se produjo un tenso encuentro donde la madre del menor reclamó al acusado por haber mentido sobre su identidad de género. Según el abogado del padre biológico de la víctima, “no hubo desahogo de ninguna diligencia, solo reclamos y discusión”, poniendo en entredicho el propósito real del traslado, que según la defensa debería limitarse a actos procesales específicos y no confrontaciones personales.
Heidi Rodríguez aseguró que el procedimiento es una práctica habitual y que durante la diligencia estuvieron presentes el Ministerio Público, personal de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y psicólogos, aunque rechazó ofrecer detalles por tratarse de una investigación en curso.
En contraste, Ernesto Avilés señaló que, aunque el traslado pudo ser legal, no debería convertirse en práctica común. “El derecho penal no está diseñado para careos informales entre víctimas y presuntos responsables”, afirmó, destacando que las audiencias son el espacio adecuado para este tipo de diligencias.
El caso de Jasiel, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 2 de julio en un lote baldío del fraccionamiento Circuito Maniqueo, mantiene alta expectación pública. Mientras la Fiscalía asegura contar con elementos para imputar al padrastro, la polémica sobre el manejo del procedimiento reabre el debate sobre la transparencia en la procuración de justicia.
Avilés enfatizó que, por tratarse de un caso mediático, existe un compromiso de transparencia derivado de la reforma al Poder Judicial, que obliga a las autoridades a actuar con rigor y pulcritud. “El propósito de elegir a los jueces fue precisamente garantizar la transparencia, para que las audiencias no se limitaran solo a quienes estuvieran presentes”, subrayó, recordando que la Fiscalía está obligada a asegurar una adecuada procuración de justicia ante el interés social que representa este caso.