Aprueban reforma al amparo
Ciudad de México.- Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley de Amparo impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre las abstenciones destacaron las de Olga Sánchez Cordero, legisladora de Morena y ministra en retiro, así como las de Miriam Durán y Javier Vázquez, del Partido del Trabajo.
Durante la sesión, diputados de distintos grupos parlamentarios presentaron 307 reservas para modificar diversos artículos; sin embargo, Morena y sus aliados anticiparon que solo aceptarían tres de ellas. Una de las principales modificaciones, presentada por Hugo Eric Flores, de Morena, ajusta el artículo tercero transitorio para aclarar que la reforma no tendrá efectos retroactivos, al tratarse de una ley de carácter procesal.
Al inicio del debate, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano —entre ellos Germán Martínez, Alejandro Domínguez, Laura Ballesteros y Gustavo de Hoyos— solicitaron devolver el dictamen a comisiones mediante mociones suspensivas, pero fueron rechazadas por la mayoría oficialista.
El diputado Julio César Moreno defendió la propuesta al señalar que busca “devolver al amparo su sentido original”, asegurando que esta figura fue distorsionada para frenar políticas públicas o proteger intereses particulares.
Por su parte, la bancada del PRI, encabezada por Rubén Moreira, anunció su voto en contra, acusando que la reforma debilita el Estado de derecho y restringe las libertades ciudadanas. Con pancartas que decían “Salvemos el amparo” y “Del amparo al desamparo”, los priistas denunciaron que el cambio proviene “del poder” y representa “un paso hacia la dictadura”.
Entre los principales ajustes se redefine el concepto de interés legítimo, que ahora requerirá que el acto impugnado cause una lesión jurídica real y comprobable, lo que —según la oposición— limitará el derecho de las organizaciones a presentar amparos en temas como medio ambiente o derechos colectivos.
Asimismo, se endurecen los requisitos para conceder suspensiones provisionales, y se establece que no podrán otorgarse con efectos generales ni utilizarse para desbloquear cuentas vinculadas a operaciones de lavado de dinero.
El dictamen también modifica el Código Fiscal de la Federación, eliminando la posibilidad de presentar recursos de revocación en casos donde los créditos fiscales ya hayan sido confirmados por una resolución firme.
Presentada originalmente el 15 de septiembre por el gobierno federal, la iniciativa pretende —según su exposición de motivos— modernizar y agilizar el juicio de amparo, hacerlo más accesible y social, y reforzarlo como instrumento clave para la protección de los derechos humanos y el control constitucional.