Tribunal ordena revisar ataques de AMLO
Ciudad de México.- Un Tribunal Colegiado determinó que cuando una persona defensora de derechos humanos solicita protección ante ataques provenientes del presidente, las autoridades deben evaluar la afectación que éstos generan.
El Tribunal ordenó al Mecanismo de Protección revisar si las agresiones públicas desde la Presidencia pusieron en riesgo la seguridad de la defensora ambiental Tania Ramírez, y que se emita un nuevo plan que contemple tanto los ataques verbales como la difusión de sus datos personales en la conferencia mañanera.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), en 2022 Ramírez —espeleóloga, feminista y activista por la justicia ambiental— fue blanco de una campaña de descalificación encabezada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la acusó de ser “pseudoambientalista” y de recibir dinero por oponerse al Tramo 5 del Tren Maya.
Tras esas declaraciones, la defensora sufrió agresiones físicas durante una protesta frente a Palacio Nacional, además de amenazas en línea, hostigamiento y restricciones para acceder a áreas del ejido de Playa del Carmen, lo que afectó su seguridad, su empleo y la integridad de su familia. Ante ello, Tania solicitó ampliar las medidas de protección al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, las autoridades no consideraron el impacto de los ataques presidenciales ni el contexto de violencia derivado de éstos, al realizar una evaluación de riesgo sin metodología clara ni escuchar sus objeciones.
La nueva sentencia obliga al Mecanismo a reconocer y analizar el contexto de agresiones desde la Presidencia, incorporándolo en su metodología y en un nuevo Plan de Protección. El Tribunal enfatizó que la aplicación del Mecanismo debe cumplir con los más altos estándares internacionales y considerar cómo las declaraciones del Ejecutivo afectaron el trabajo de la defensora.
En consecuencia, las autoridades deberán reponer las medidas de protección, realizar una nueva evaluación del riesgo por los ataques y la divulgación de información personal, y emitir un Plan de Protección actualizado con acciones coordinadas y efectivas.
El CNLE celebró la resolución al destacar que proteger a las personas defensoras comienza por reconocer la realidad de las agresiones y que las instituciones deben responder con medidas adecuadas y transparentes para garantizar su seguridad.