Senado aprueba ley contra la extorsión
Ciudad de México.- El Senado aprobó por unanimidad, con 110 votos, la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos relacionados con la extorsión. La norma crea un tipo penal único en el país y fija castigos que van de 15 a 42 años de cárcel.
El dictamen, que fue modificado en comisiones respecto a la versión enviada por la Cámara de Diputados, incorpora ajustes en 25 artículos y eleva la pena básica, que ahora va de 15 a 25 años, con incrementos adicionales según 34 agravantes que reflejan las distintas formas en que opera este delito.
Uno de los cambios más relevantes establece que la pena máxima de 42 años aplicará, principalmente, para quienes extorsionan desde centros penitenciarios, se presentan como integrantes de un grupo criminal o recurren a cualquier tipo de violencia. También se sancionará con esa penalidad a quienes exigen pagos derivados de accidentes provocados, conocidos como “montachoques”.
Hasta 37 años de cárcel podrán imponerse a quien extorsione a migrantes o se valga de información privada de sus víctimas. Para los casos de cobro de piso a actividades comerciales, empresariales, agrícolas, ganaderas e industriales, la pena llegará a 33 años. Lo mismo ocurrirá con quienes presionen económicamente a candidatos o funcionarios electos.
Durante el debate, legisladores de todas las bancadas coincidieron en que la extorsión es uno de los delitos con menor denuncia debido al miedo que genera entre las víctimas, lo que alimenta la cifra negra.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, afirmó que esta ley fortalece las herramientas para combatir un delito que ocupa el tercer lugar de incidencia nacional y que, además de afectar el patrimonio, ocasiona daños físicos, emocionales y morales. Señaló que la impunidad y las omisiones de autoridades han aumentado la frustración social y permitido la expansión de esta práctica.
Enrique Inzunza, presidente de Estudios Legislativos, advirtió que la extorsión daña profundamente la economía y la tranquilidad de comunidades enteras y que su crecimiento se relaciona con el uso de tecnologías de comunicación y el control territorial de grupos delictivos. También señaló que la corrupción ha convertido algunos penales en centros de operación del crimen.
La senadora Mayuli Latifa insistió en que la ley solo será efectiva si se destinan recursos suficientes para investigar este delito.
El dictamen, enviado de vuelta a la Cámara de Diputados, establece que todas las actuaciones deben realizarse con respeto a los derechos humanos. También determina que, cuando esta ley no contemple algún procedimiento, se recurrirá a la Ley Nacional de Ejecución Penal.