
Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump ha lanzado una convocatoria para contratar cazarrecompensas con el objetivo de deportar a un millón de migrantes al año. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) invertirá 180 millones de dólares en "servicios de rastreo de personas". Contratistas privados ofrecen pagar hasta 300 dólares por cada migrante localizado, aunque la intervención directa en arrestos no ha sido solicitada oficialmente.

A pesar de ello, se han documentado denuncias de que empresas de seguridad como G4S/Allied Universal, contratadas por el ICE, han estado involucradas en capturas ilegales de migrantes. Esta práctica, que va en contra de las leyes federales, ha sido respaldada por el creciente uso de empresas privadas para la detención y deportación de migrantes, lo que ha sido calificado como parte del "complejo de deportación-industrial".

La privatización de las operaciones de detención se ha disparado, ya que el presupuesto anual del ICE para detenciones supera en un 62% al de todo el sistema penitenciario federal. Mientras tanto, G4S, una multinacional con contratos millonarios con el ICE, ha sido acusada de realizar arrestos ilegales, lo que ha generado preocupación en organizaciones como la ACLU.

El ICE también ha recurrido a contratistas privados para el transporte de detenidos, lo que ha resultado en incidentes como detenciones en tribunales y persecuciones de migrantes sin identificación oficial. A pesar de los riesgos legales, el gobierno de Trump sigue ampliando su colaboración con empresas privadas en la cacería de migrantes.