Prisión preventiva a Duarte Javier
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República imputó al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto desvío de cinco millones de pesos y logró que un juez federal le dictara prisión preventiva justificada.
Durante la audiencia ante el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, en el Centro de Justicia Penal Federal, el fiscal Julio Antonio Cobos Castillo sostuvo que Duarte firmó un decreto publicado el 19 de diciembre de 2011 en la gaceta oficial de Veracruz, mediante el cual se autorizó la redistribución de recursos de libre disposición, presuntamente mezclando fondos federales y estatales para fines distintos a los establecidos.
De acuerdo con la acusación, la Tesorería de la Federación transfirió 10 millones de pesos al gobierno estatal para apoyar a población vulnerable, incluidos menores y adultos mayores, recursos que debían destinarse a la Casa del Niño “Manuel Gutiérrez Zamora” y a la Casa del Adulto Mayor “Mariana Zagayo”, en Xalapa. El dinero derivaba de convenios firmados entre la Secretaría de Salud federal y el gobierno veracruzano, así como de un segundo acuerdo suscrito en 2012 con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
La FGR señaló que los recursos fueron depositados en cuentas bancarias del gobierno estatal y posteriormente transferidos entre distintas cuentas en Santander, HSBC y BBVA. Según la fiscalía, parte del dinero fue redirigido para cubrir nómina, pensiones y pagos a proveedores, tras instrucciones atribuidas al entonces mandatario.
En su intervención, Duarte rechazó las acusaciones y afirmó que no ocupaba el cargo de secretario de Finanzas, sino el de gobernador, y negó haber ordenado el desvío de recursos federales. Sostuvo que se trataba de fondos estatales y que únicamente instruyó priorizar gastos en áreas como educación, salud y seguridad pública.
La FGR presentó 38 datos de prueba, entre ellos la declaración de Antonio Tarek Abdalá, exfuncionario de Finanzas y actual testigo protegido, quien afirmó que existía una práctica de mezclar recursos federales y estatales para diversos pagos, incluidos compromisos con medios de comunicación.
La defensa intentó frenar la audiencia argumentando que no se cumplían los términos del tratado de extradición entre México y Guatemala, ya que uno de los tribunales guatemaltecos no habría autorizado su entrega por este nuevo delito. No obstante, el juez consideró válidos los planteamientos de la fiscalía y ratificó la prisión preventiva.
La situación jurídica del exgobernador se definirá el próximo 17 de febrero, luego de que solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para preparar su defensa.