Aumentan tarifas para extranjeros
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos con 355 votos a favor y 132 en contra, la cual proyecta una recaudación superior a 157 mil millones de pesos y contempla aumentos en cobros a visitantes y residentes extranjeros, entradas a museos y zonas arqueológicas, así como servicios sanitarios, aeronáuticos, marítimos, fitosanitarios y zoosanitarios.
Entre las modificaciones, los visitantes extranjeros sin permiso remunerado verán un aumento de 860 a 983 pesos en sus derechos. Los permisos para residentes temporales se incrementan de 5 mil 328 a 11 mil 740 pesos por un año; de 7 mil 984 a 16 mil 693 pesos por dos años; de 10 mil 112 a 21 mil 142 pesos por tres años; y de 11 mil 984 a 25 mil 907 pesos por cuatro años. Para los residentes permanentes, la cuota subirá de 6 mil 494 pesos este año a 13 mil 578 en 2026.
La ley también establece un cobro de 297 pesos por autorización para visitas a embarcaciones en navegación de altura. En cuanto al acceso a museos y zonas arqueológicas, los incrementos superan en algunos casos el 100 por ciento:
Categoría I: de 95.58 a 209.09 pesos, incluye Palenque, Tulum, Teotihuacán, Monte Albán, Templo Mayor y Museo Nacional de Antropología.
Categoría II: de 78.71 a 156.75 pesos, comprende Malinalco, Dzibanché, Comalcalco, La Quemada y Kabah.
Categoría III: de 73.09 a 143.69 pesos, abarca La Venta, Museo de las Estelas Mayas, Cuyuxquihui, Izapa, Tehuacalco, Xlapak y Museo Nacional de las Culturas del Mundo.
Categoría IV: con cuota de 104.50 pesos, integra Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y Museo del Pueblo Maya.
Durante la discusión, la diputada de Morena Claudia Rivera defendió la ley, asegurando que no se trata de aumentar la recaudación, sino de mejorarla con transparencia, equidad y justicia fiscal, donde quienes usan los servicios públicos paguen de acuerdo a su costo, sin perjudicar a los más vulnerables.
Por su parte, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, criticó los aumentos, señalando incrementos de hasta 100% en trámites migratorios, 16% en servicios financieros y alzas en sanidad, aviación, telecomunicaciones y acceso a museos, sin reflejar mejoras en infraestructura o servicios.
Asimismo, la legisladora priista Ana Isabel González calificó la ley como un impuesto disfrazado que afectará principalmente a los más pobres, argumentando que los datos presentados favorecen una narrativa engañosa.